La Fiscalía Oriente espera la primera condena en el “Caso Universidades” luego que la justicia ya fijara la fecha de la realización del juicio abreviado contra la Universidad del Mar, que implica el reconocimiento del delito de soborno.

La penas a las que se expone la casa de estudios van desde el pago de una multa, en el rango de 200 a 2000 UTM, junto con la prohibición de celebrar contrato con el Estado.

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago comunicó que la audiencia quedó fijada para el próximo 18 de agosto, tras la petición realizada por el Ministerio Público.

En la cita judicial la Universidad de Mar, hoy a cargo de un curador ad litem, admitirá su responsabilidad en el delito de soborno en el que se incurrió para obtener su acreditación, es decir, un pago de 45 millones de pesos al ex presidente del Consejo Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz, para que gestionara la acreditación de la entidad educacional.

Los fiscales de la Unidadad de Delitos de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, son los que investigan las irregularidades en que habrían incurrido las personas jurídicas y naturales, para lograr que los alumnos tuvieran acceso al Crédito con Aval del Estado.

Norambuena explicó la importancia de que la persona jurídica Universidad del Mar reconozca este delito.

Debido a que la cuestionada casa de estudios no ha nombrado representante legal, el Tribunal obligó a que la Defensoría Penal Pública asuma esos roles, al igual que la defensa a cargo del abogado Helmuth Vargas.

El representante de 1500 estudiantes que se querellaron contra la universidad por estafa, el abogado Mauricio Daza, explicó la trasendencia de este acuerdo.

El ex vocero de las estudiantes de la institución, Raúl Soto, ve con suspicacia el acuerdo.

El próximo 23 de julio la justicia citó a la junta directiva de la universidad con el fin de que nombre un representante jurídico que los represente.

La decisión se adoptó tras contar con el acuerdo de la defensa, en manos del abogado Helmuth Vargas.

El juicio contra la Universidad del Mar como persona jurídica se enmarca en la aplicación de la Ley 20.393, aprobada a fines de 2009 y que establece la responsabilidad penal de empresas en delitos como soborno a funcionarios públicos, entre otros.