El Colegio de Matronas y Matrones de Chile rechazó la medida implementada por la Red de Salud de la Universidad Católica (UC), que prohíbe a sus médicos y profesionales recetar anticonceptivos orales a sus pacientes, incluyendo, según afirman, al propio personal que allí trabaja, lo que, en opinión de la orden gremial, “se atenta contra la igualdad ante la ley y los derechos sexuales y reproductivos”.
Así lo expresó este viernes la presidenta nacional del Colegio, Anita Román, acompañada de la vocera del Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo Miles Chile, Claudia Dides, oportunidad en que la dirigente expresó que con esto “se confirma la eterna denuncia de matronas y matrones de atención primaria, de ser coartadas en su rol como profesionales con competencias formativas y legales para la prescripción de métodos anticonceptivos”.
“Aquí se transgreden las normas ministeriales que garantizan políticas públicas de salud reproductivas, y se crean protocolos que se remiten a cánones de conciencia y religión propios del siglo pasado. ¿Quién le responde a esa mujer que no puede tener más hijos, porque el dinero no le alcanza, y queda embarazada?”, dijo Román.
Agregó que “no puede existir un Estado dentro de otro Estado con sus propias normas y leyes. Aquí se impide en forma arbitraria a una mujer que se atiende en un consultorio de atención primaria a decidir cuál es el mejor método y el más efectivo para evitar un embarazo no deseado”.
También la presidenta de las y los matrones del país consideró “grave” la decisión de la red sanitaria de la Universidad Católica de impedir a sus cerca de mil 300 trabajadoras a descuentos y recetas médicas para anticonceptivos.
“Se vulnera el derecho a decidir de las funcionarias respecto al tipo de métodos anticonceptivos que deseen usar. Los obligan, bajo la presión de un convenio colectivo, a asumir las consecuencias de trabajar en un hospital católico”, manifestó.
“Solicitamos la inmediata intervención en esta materia del Gobierno, tanto del ministerio de Salud como del ministerio del Trabajo, de modo tal que no se siga produciendo esta vulneración flagrante de los derechos de igualdad ante la ley y de derechos reproductivos que toda chilena tiene en cualquier red asistencial del país, sea privada o pública”, concluyó Anita Román.
