La presidenta Michelle Bachelet presentó este viernes la Comisión Técnica en Garantías de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en procesos judiciales, y firmó también un instructivo Presidencial que insta a colaborar a los organismos pertinentes con el fin de dar cumplimiento pleno al cometido de la instancia.
En un acto en La Moneda, la Mandataria dio a conocer que la comisión técnica del Consejo Nacional de la Infancia ya comenzó su funcionamiento, presidido por la secretaria ejecutiva, Estela Ortiz, además de 18 integrantes, entre jueces, carabineros, abogados y especialistas.
El compromiso de la comisión, explicó Bachelet, “es entregar en septiembre un completo informe con propuestas para mejorar el desempeño de las instrucciones y garantizar el respeto a los derechos en todos los procesos judiciales en los que intervengan niños, niñas y adolescentes”.
La idea, agregó, es “ser capaces de construir un sistema, que permita que los menores de 18 años cuenten con atención integral y de calidad oportuna y eficiente, donde sean acogidos por profesionales bien preparados. Que las familias, por otro lado, tengan la claridad de cómo iniciar una denuncia, pero también la certeza de cómo se va a desarrollar el proceso hasta el final”.
“Que ninguna familia en Chile tenga temor de presentar una denuncia, que haya real acceso a la información, pero por sobre todas las cosas, que los niños, niñas y adolescentes sean escuchados y su relato considerado seriamente, evitando situaciones que revivan el daño y el dolor causado”, precisó.
La Jefa de Estado indicó que los abusos sexuales a niños y adolescentes es un tema de “primera prioridad” y se trata de una situación que requiere “estrategias definidas para enfrentarlos, y también la legislación que nos permita que esas estrategias puedan ser las más adecuadas de poder implementarse”.
Agradeció la tarea realizada por la Fundación Amparo y Justicia por su campaña ‘No me pregunten más’, explicando a la ciudadanía en qué consiste la victimización secundaria de menores en casos de delitos sexuales.
La fundación reunió más de 21 mil firmas para pedir al Estado “que trabajemos por evitar el doble daño que se produce en los niños y jóvenes cuando sus casos se judicializan”, explicó la Mandataria.
