El número de menores de edad sin acompañamiento de adultos que ingresaron clandestinamente a Estados Unidos desde el pasado octubre llegó a 57.000, dijo este miércoles un alto funcionario del Departamento de Seguridad Interna ante el Senado.
“El número de niños sin compañía de adultos que han sido retenidos o encontrados en este año fiscal (que comenzó en octubre pasado) es 57.000″, dijo Gil Kerlikowske durante una audiencia en la Comisión de Seguridad Interna de la cámara alta del Congreso estadounidense.
Hasta este miércoles, fuentes oficiales mencionaban 52.000 menores en esa situación en la frontera sur de Estados Unidos. “Al 1 de julio, tenemos en detención poco más de 2.600 menores sin compañía de adultos”, agregó.
La Comisión senatorial realizó la audiencia para discutir con altos funcionarios del Departamento de Seguridad la reacción del Gobierno estadounidense a la crisis generada con la oleada de menores de edad que ingresaron al país de forma clandestina en el último año.
De acuerdo con la legislación vigente, cuando agentes de la patrulla fronteriza estadounidense interceptan un menor de edad que ingresó clandestinamente al país, tienen que entregarlo a personal del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Es el HHS quien se encarga de situar a los menores de edad en centros de acogida y a veces con familiares mientras se realizan los trámites legales para su deportación o “remoción”, como denominan los legisladores.
La oposición, sin embargo, insiste en que el mecanismo termina sirviendo como un “incentivo” a que familias de países centroamericanos envíen sus hijos a Estados Unidos de forma clandestina.
“Creo que estamos incentivando esta crisis”, dijo el senador republicano Ron Johnson, para quien el Gobierno debería enviar esos niños y menores de edad de retorno a sus países lo más rápidamente posible.
El Departamento de Justicia anunció este miércoles que concentrará recursos para atender la reciente oleada migratoria, un día después de que el presidente Barack Obama solicitó al Congreso una partida de fondos especiales de 3.700 millones de dólares para la emergencia.
El dinero estaría destinado a varias agencias del Gobierno y financiaría un aumento de agentes fronterizos y vigilancia aérea para detener el flujo migratorio, así como nuevos jueces de inmigración, funcionarios de asilo y centros de detención.
