La Agrupación de Funcionarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito solicitó a la Contraloría que indague la legalidad tras los procesos de invalidación de concursos públicos, en los cuales esta división del Ministerio del Interior acusa irregularidades.

Esto pues existen 18 profesionales que ingresaron al organismo mediante la Alta Dirección Pública en el anterior Gobierno, y que según el presidente de los funcionarios, Daniel Carrasco, se ha decretado la irregularidad del proceso por aparentes razones políticas.

Esta denuncia fue respaldada por la diputada de Renovación Nacional, Marcela Sabat, quien emplazó al Gobierno a terminar con la persecución política de funcionarios que trabajaron en la administración de Sebastián Piñera.

Los funcionarios de quienes se investiga el proceso de concurso que los llevó al cargo podrán seguir en sus funciones, a menos que el proceso de invalidación concluya la ilegalidad de sus contratos, o que la Contraloría decida que éstos fueron celebrados normalmente.