El ministro de Justicia, José Antonio Gómez anunció que le pidió al Consejo de Defensa del Estado que se involucre en la definición si seguir o no con la actual licitación del “Sistema de Control de Penas Sustitutivas” conocido como el brazalete electrónico.
Explicó que hasta el 19 de junio se extendieron las pruebas y que ahora están en el periodo de evaluación de esta licitación que implica recursos fiscales por 35 mil millones de pesos.
Los ensayos realizados con el brazalete, según las fuentes consultadas, han arrojado que su señal se pierde en el Metro, en el centro de Santiago y al envolverlo con papel aluminio.
La implementación de cerca de 3.500 dispositivos permitiría vigilar a sentenciados por delitos de connotación sexual, supervisar a autores de ilícitos de violencia intrafamiliar y, asimismo, alertar a las víctimas en caso de que un agresor transgrediera el radio de protección del afectado.
El proceso de licitación se lo adjudicó la empresa SecureAlert-Chile SpA, pero ahora, según el secretario de Estado, con la ayuda del Consejo de Defensa del Estado se podrá resolver si hubo o no afectación al patrimonio fiscal y hasta la cancelación de la millonaria licitación.
El también denominado sistema de monitoreo telemático surgió tras la aprobación de la Ley Nº 20.603, oficializada en junio de 2012, y que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
