La justicia abrió una investigación contra integrantes de la Fuerza Aérea de Chile acusados de torturar a otros doce ex miembros de la institución tras el golpe de estado en 1973, luego de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La investigación quedó a cargo del juez especializado en casos de Derechos Humanos durante la dictadura, Mario Carroza, según confirmaron fuentes del poder judicial.
Un grupo de 12 ex oficiales de la Fuerza Aérea, entre los que estuvo el general Alberto Bachelet, afirmaron que fueron torturados por sus propios colegas tras el golpe y que las declaraciones obtenidas fueron utilizadas para acusarlos de sedición y traición a la patria.
Bachelet murió en 1974 por esas torturas, preso y acusado de traición por mantenerse leal al gobierno del derrocado presidente Salvador Allende.
Hace 13 años, recurrieron a la Corte Suprema para anular el dictamen de la justicia militar en su contra tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet.
Sin embargo, la Corte Suprema denegó el recurso, y los ex militares recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recomendó en noviembre a Chile investigar los hechos. Ante la falta de respuesta, la CIDH resolvió enviar en abril un expediente por denegación de justicia a la Corte Interamericana (CorteIDH).
La CIDH consideró que el estado chileno no cumplió “su obligación de ofrecer un recurso efectivo” a las víctimas para dejar sin efecto un proceso penal que tomó en cuenta pruebas obtenidas bajo tortura.
Entre las recomendaciones, la CIDH había pedido a Chile “investigar, juzgar y sancionar penalmente” los responsables por las torturas, y reparar “plenamente” a las víctimas y sus familiares por las violaciones de los derechos humanos sufridas.
