El Juzgado de Garantía de Valdivia amplió en casi un año más la investigación por millonarias estafas en el Segundo Juzgado Civil de esa ciudad, por ser considerada “sumamente compleja” y que hasta ahora mantiene a siete imputados. Desde la región de Los Rios se han derivado antecedentes a 13 fiscalías del país por otras posibles estafas en juzgados civiles.

Para este caso, el Juzgado de Garantía consideró que se requiere una fuerte acción investigadora, por ser hechos encadenados unos de otros. Haciéndose pasar por dueños de predios en expropiación, algunas personas lograron engañar con documentación falsa al tribunal civil y conseguir que les giraran montos que van desde los $6 millones hasta los $168 millones.

Desde junio de 2013 hasta ahora hay siete personas formalizadas por el fiscal Juan Pablo Lebedina, por los delitos de uso malicioso de instrumento público y estafa. Los cobros de los cheques se realizaron en distintas fechas, existiendo unos 5.000 archivos por procesar y unas 11.000 causas de expropiaciones en distintos juzgados civiles del país que estaba en poder de uno de los imputados.

Lo anterior, junto a la realización de otras diligencias, además de la realización de otras diligencias que obligaron a la ampliación de plazo que finalizaba ahora, pero que ya cuenta con 300 días adicionales.

La fiscal jefe de Valdivia, Tatiana Esquivel, confirmó que, por la complejidad del caso, han informado a 13 fiscalías del país en donde presumen la ocurrencia de estafas similares.

En tanto, la abogada defensora penal pública, Marcela Tapia, consideró que el aumento de plazo afecta las garantías procesales de los implicados.

Por el caso de Valdivia, el Fiscal Nacional Sabás Chahuán comunicó los antecedentes al Pleno de la Corte Suprema, que ordenó a todos los juzgados civiles del país a incrementar los resguardos por causas de expropiaciones.

En tanto, el 15 de julio la fiscalía ampliará en una nueva audiencia los cargos en contra de todos los imputados, a quienes se les imputarán estafas de otras expropiaciones, debido a que se los considera como un grupo organizado para cometer las estafas en juzgados civiles.

Incluso, la fiscal Esquivel indicó que dentro de los imputados estaría el cabecilla de la organización.

Para el abogado de Luis Contreras Kahler, Carlos Pérez, todo este caso es un “volador de luces” y manifestó que buscará acreditar que su representado no participó en las coordinaciones que presume la Fiscalía.

Por otra parte, el abogado Roberto Winter, que representa a otros de los imputados –Rodrigo Muñoz Forneró, el único que está fuera de prisión pero con arraigo nacional- indicó que su representado actuó solo, cooperó con la investigación y que no corresponde el aumento de plazo otorgado.

En la resolución, el juez Jorge Rivas indicó que el aumento de plazo es razonable y pertinente, sin dejar de tener presente la gran cantidad de antecedentes que deben ser investigados y cotejados. Incluso citó el caso Matute Johns para justificar la adición de 300 días a la Fiscalía para investigar, en donde se han llegado a parcialidades de la verdad sin llegar a resultados adecuados.