El Consejo de Defensa en Concepción respondió dos de las demandas por víctimas del tsunami, señalando que la tragedia del año 2010 fue un caso fortuito y que por lo tanto las muertes no ocurrieron debido a una falta de servicio del Estado. El abogado de los demandantes, Adolfo Ortega, calificó como débil el argumento.
El lunes, en entrevista en Radio Bío Bío, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, fue categórico y reiteró que detrás de la pérdida de vidas humanas a raíz del tsunami no hay una falta de servicio del Estado.
Y por supuesto, en esa línea es que el organismo contestó las demandas por la muerte de Juan Gutiérrez Rioseco, en Talcahuano, y de Gabriela Aliste Figueroa, en Dichato, argumentando que la serie de olas que golpearon las costas fue un hecho fortuito.
El abogado representante de las familias de las víctimas, Adolfo Ortega, señaló que es indiscutible lo fortuito de un acto de la naturaleza como puede ser un terremoto o un tsunami, pero no la respuesta de la autoridad, y que es en lo que se basan las acciones legales.
Por eso, agregó Ortega, confía en que la justicia acoja esta vez los argumentos esgrimidos y se revierta lo que han sido los pronunciamientos hasta ahora de los tribunales, que han rechazado algunas demandas, al acoger la tesis del Consejo de Defensa del Estado.
En mayo, la Corte Suprema rechazó la demanda por una persona que murió alcanzada por las olas en la Ruta Interportuaria. Las demandas del abogado Ortega, por las víctimas fatales de Talcahuano y Dichato, persiguen el pago de 240 millones de pesos como indemnización para los familiares sobrevivientes.
