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Argentina asegura que honró su deuda pero enfrenta fantasma de un default

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El gobierno argentino consideró que cumplió con acreedores que aceptaron canjes de deuda al depositar un pago que vencía este lunes, pero el bloqueo de la operación por un juez en EEUU activó un plazo de 30 días tras el cual el país podría caer en default.

“Es necesario remarcar que aquí se pretende incluir un eufemismo denominado default técnico. Cuando un país paga sus obligaciones financieras, cumple”, dijo el jefe de Gabinete Jorge Capitanich en una rueda de prensa este lunes.

El principal funcionario del gobierno de Cristina Fernández se refería al depósito que hizo Buenos Aires la semana pasada para pagar a tiempo un tramo de adeudos con tenedores de bonos que aceptaron quitas de deuda en 2005 y 2010.

Un juez norteamericano, Thomas Griesa, bloqueó el pago al ordenar que el dinero sea devuelto al gobierno.

Griesa falló a favor de fondos especulativos que litigaron en la justicia estadounidense y que gracias a su sentencia podrían cobrar el 100% de deuda en default por valor de 1.330 millones de dólares.

Pero además, su decisión implica que el país debería pagar al mismo tiempo a los querellantes si le paga a sus acreedores que aceptaron quitas.

Capitanich agregó que un juez no puede “alterar una relación surgida en un contrato entre las partes”.

Ahora Argentina se enfrenta a un tenebroso tic-tac: tras la sentencia y la imposibilidad de cumplir con todos los acreedores que aceptaron canjes, el período de gracia de 30 días para honrar el pago que vencía el lunes comenzó a correr.

Así, el país tiene hasta el 30 de julio para pagar a una parte de los bonistas que cobra su dinero en Nueva York, de un 93% que aceptó ingresar en los canjes de deuda.

Quienes cobran en Nueva York no podrán hacerlo; en cambio los acreedores que cobran en otras plazas podrán acreditar su dinero sin problemas.

Viaja delegación a negociar

La sentencia del juez favorable a las empresas NMl Capital, Aurelius, Blue Angel y otros 15 tenedores de deuda argentina en default ya fue refrendada por una corte de apelaciones en EEUU y la Corte Suprema se negó a ver en el caso, con lo cual el fallo quedó en vigor.

Argentina anunció el lunes el envío de una delegación a Nueva York para reunirse con el coordinador designado por el juez Griesa para negociar con los fondos especulativos.

“El ministerio de Economía informa que se ha designado una delegación para reunirse el día 7 de julio con el citado funcionario”, señala un comunicado oficial en referencia a Daniel Pollack, coordinador designado por Griesa para las negociaciones.

Anteriormente, NML había señalado que Argentina no se había sentado a negociar.

“NML está en la mesa de negociación, pero Argentina se ha negado a negociar cualquier aspecto de esta disputa”, sostuvo. “La disposición de Argentina a negociar con sus acreedores ha probado ser otra promesa incumplida”, añadió en un comunicado.

En medio de esta pulseada, la OEA aprobó el lunes a pedido de Argentina, una convocatoria a una reunión de consultas de cancilleres por este caso.

El fantasma de un default

Buenos Aires se encuentra en una difícil situación: si no paga al 30 de julio, podría ingresar en un default.

“El fallo en favor de los fondos ‘buitre’ es incumplible. La mejor oferta que puede hacer el gobierno a ese sector es pedirles que acepten el canje de deuda como la mayoría de los acreedores”, dijo al canal C5N el veterano economista Aldo Ferrer, exdirector de la Comisión Económica para América latina (CEPAL).

Argentina llama “fondos buitres” a los que compraron la deuda en default y buscaron cobrar el 100% del valor nominal en tribunales.

La situación es extremadamente compleja para el gobierno: si cumple la sentencia de Griesa corre el riesgo de que el resto de los tenedores de deuda que no ingresaron al canje, con el precedente del fallo en Nueva York, busquen cobrar de igual manera.

Eso representaría demandas por unos 20.000 millones de dólares a un país que tiene 29.000 millones en reservas monetarias.

Para peor, luego podría caer un aluvión de reclamos judiciales de los bonistas reestructurados, por más de 80.000 millones de dólares según estimaciones oficiales, en función de una cláusula del contrato de reestructuración que obliga a un trato igualitario a todos los acreedores.

Esa cláusula, llamada RUFO por sus siglas en inglés, caduca el 31 de diciembre de este año.

Los conflictos se remontan al mayor default de la Historia declarado en 2001 por casi 100.000 millones de dólares.

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