El vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, fue procesado por “cohecho” y “negociaciones incompatibles” en una causa judicial por corrupción cuando era ministro de Economía, por lo que la oposición reclamó este sábado que se aparte del cargo.

Boudou, de 51 años, se convierte así en el primer vicepresidente en funciones de la historia argentina en ser procesado en un caso de corrupción, pero anticipó que apelará el fallo.

La medida judicial asesta un golpe al gobierno de centroizquierda de Cristina Fernández, cuando enfrenta una situación delicada en medio de la pelea judicial con fondos especulativos en Estados Unidos, cuyas consecuencias ponen a Argentina en peligro de default.

“Para el gobierno es un golpe muy duro. Hay mucha atención al contexto político“, dijo este sábado el analista Rosendo Fraga de la consultora Nueva Mayoría, en declaraciones al canal Todo Noticias.

La presidenta, que hasta ahora ha respaldado a Boudou, no se expresó aún sobre esta nueva instancia.

Boudou se encuentra de viaje oficial en Cuba y tiene previsto asistir el martes en Panamá a la asunción del presidente electo Juan Carlos Varela, y aún se desconoce si mantendrá la agenda.

El juez federal Ariel Lijo dictó el procesamiento “sin prisión preventiva” y ordenó un embargo sobre sus bienes por 200.000 pesos (unos 25.000 dólares) informó pasada la medianoche del viernes el Centro de Información Judicial (CIJ), el sitio de noticias del Poder Judicial argentino.

Por su condición de vicepresidente y titular del Senado, Boudou goza de fueros, que sólo perdería si renunciara o fuera destituido por juicio político, por lo que si bien puede ser juzgado no puede ser detenido.

Lijo acusa a Boudou de haberse quedado -a través de la empresa fantasma The Old Found y un testaferro- con 70% de la empresa Ciccone, que tiene el monopolio de la impresión del papel moneda, a cambio de haber intervenido para evitar su quiebra en 2010, cuando era ministro de Economía.

El abogado de Boudou, Diego Pirota, anticipó este sábado que apelará ante la Cámara Federal el procesamiento “probablemente el próximo viernes” y denunció una “animnosidad” del juez contra su cliente.

“Hablé con Boudou y no nos sorprendió para nada el procesamiento”, dijo el letrado a radio América y advirtió que “lo jurídico acá no le interesa a nadie, (la sentencia) parece un cuento de hadas contado en forma fantástica”.

Horas antes de conocerse el procesamiento dictado en un horario inhabitual, Boudou había solicitado, a través de su abogado, una nueva audiencia para ampliar su declaración indagatoria del 9 de junio pasado cuando declaró como imputado por más de siete horas.

Lijo fijó fecha para el 16 de julio, cuando se prevé que Boudou esté a cargo del Ejecutivo, porque en esa fecha Cristina Fernández debería estar en Brasil donde fue invitada a participar de una cumbre del BRICS.

El juez procesó por cohecho además a un socio de Boudou (José Núñez Carmona) y un supuesto testaferro (Alejandro Vanderbroele), así como al ex dueño de la imprenta y su yerno, Nicolas Ciccone y Guillermo Reinwick, respectivamente, y a Guillermo Resnik Brenner, exjefe de asesores del ente recaudador fiscal.

“Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Nuñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa ‘Ciccone Calcográfica’ a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública”, señala el texto de la resolución judicial, de 333 fojas.

El vicepresidente ha sostenido que es víctima de una campaña de medios de comunicación y asegura que demostrará su inocencia.

Apartar del cargo a Boudou

La oposición aplaudió el procesamiento y pidieron que Boudou sea apartado del cargo, cuando en Argentina crece paulatinamente la puja política en vistas a las elecciones presidenciales de octubre de 2015.

“Tener procesado al número dos del país no es una buena noticia”, dijo Ernesto Sánz, presidente de la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR) y responsabilizó a Fernández, quien designó a Boudou para acompañarla en la fórmula que se impuso con 54% de los votos en los comicios de 2011.

Sánz insistió en que el hecho “es muy grave por lo que pedimos que tome licencia, no que renuncie”, mientras se sustancia la causa.

El peronista disidente Felipe Solá dijo que va “a proponer que Boudou se despoje de sus fueros, porque (si sigue en su cargo) el gobierno pagará mucho mayor precio político que el que ya pagó”.

Laura Alonso, legisladora del PRO (derecha) reclamó un juicio político contra el vicepresidente y culpó al oficialismo de negarse a iniciar el proceso de destitución.