Un dictamen de la Contraloría General de la República, emitido en tiempo récord, rechazó la posibilidad de que el municipio de Coronel someta a plebiscito la existencia, cierre y traslado de plantas termoeléctricas ya instaladas en la comuna.

La resolución viene a confirmar la postura que desde un comienzo tuvo el alcalde Leonidas Romero respecto de que no tenía la facultad de llamar a consulta a la comunidad para que se pronunciara sobre este asunto.

En sesión del Concejo Municipal el pasado miércoles, el alcalde se volvió a negar a la idea de llamar a un plebiscito, rechazo que le ha significado amenazas de notable abandono de deberes. Romero esperaba la respuesta de la Contraloría sobre la consulta que él mismo había formulado.

El dictamen señala que “la generación de electricidad es una actividad empresarial protegida por garantía constitucional”, y que los municipios no están habilitados para limitar su ejercicio por vía administrativa”.

El alcalde Romero se mostró conforme con la decisión, pero dijo que no se quedará sólo en eso, que insistirá con el gobierno.

Entre quienes estaban impulsando el plebiscito, creen que este no es el final de la idea y sostienen que ellos también podrían hacer una consulta a la Contraloría con las preguntas reales que se plantearon por parte de la ciudadanía.

Pablo Sanhueza, dirigente del Frente de Defensa de Coronel, argumentó que eran originalmente 9, que el alcalde redujo a dos.

Pese a la resolución del órgano contralor, el partido ecologista y el Frente de Defensa de Coronel siguen recabando firmas de apoyo al plebiscito, que según el alcalde le significaría al municipio un desembolso injustificado de 80 millones de pesos.

A la Contraloría también se le consultó por el cambio de uso de suelo del plan regulador comunal en los terrenos donde está proyectada la segunda etapa del complejo termoeléctrico Santa María de Colbún, lo que también fue rechazado.