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España cierra causa por “genocidio” en el Tíbet contra ex presidentes chinos

ANDREW COWIE / AFP
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La justicia española decidió este lunes archivar una causa por presunto “genocidio” en Tíbet contra altos dirigentes chinos, entre ellos los ex presidentes Hu Jianto y Jiang Zemin, tras una reforma de la justicia universal que limita su aplicación, informó una fuente judicial.

El pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial del país, decidió “por 9 votos a 7, el sobreseimiento de la causa que se seguía contra dos ex presidentes y otros seis ex altos cargos del gobierno chino”, informó la fuente.

Los magistrados consideraron que “conforme a la reforma de la ley de justicia universal, España no tiene jurisdicción para perseguir unos hechos tipificados como genocidio y lesa humanidad porque los ocho querellados no son españoles, ni residen habitualmente en España”, precisó.

Valiéndose del principio de justicia universal, por el que España se consideraba competente para perseguir este tipo de crímenes si no habían sido objeto de una causa en el país concernido, el demoninado Comité de Apoyo a Tíbet presentó en 2006 una querella contra Jiang Zemin, Hu Jintao, el exprimer ministro Li Peng y otros cinco exaltos responsables chinos.

En noviembre la Audiencia Nacional emitió una orden de detención internacional contra cinco de ellos, incluidos Jiang y Li, por considerar que existían “indicios de su participación” en campañas de represión en Tíbet en los años 1980-1990.

China protestó con firmeza ante el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy y poco después, el 27 de febrero, el gubernamental Partido Popular (PP) utilizaba su mayoría absoluta en el Parlamento para aprobar una controvertida limitación de la jurisdicción universal.

“La agenda económica prevalece sobre los derechos humanos, que sólo son vistos por el gobierno como fuente innecesaria de problemas”, había afirmado el diputado socialista Julio Villarrubia.

Según la nueva ley, la justicia española solo puede actuar cuando “la víctima tuviera la nacionalidad española en el momento de la comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español”.

Numerosos juristas, entre ellos el ex juez español Baltasar Garzón, mundialmente conocido por la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, habían criticado la reforma argumentando que era contraria a los tratados internacionales firmados por España.

Varios magistrados de la Audiencia Nacional rechazaron cerrar sus casos, al tiempo que decenas de narcotraficantes capturados por España en aguas internacionales quedaban en libertad por falta de jurisdicción.

La Audiencia Nacional decidió también este lunes mantener abierta una investigación por la muerte de un español en el asalto marroquí del “campamento de la dignidad” en el Sáhara Occidental en 2010.

El hermano del fallecido había presentado una querella por genocidio y lesa humanidad contra varios ministros y altos cargos policiales de Marruecos.

En este caso, “la sala de lo penal se declaró competente al entender que España sigue siendo potencia administradora de derecho sobre el territorio del Sáhara, conforme a las normas de Naciones Unidas”, afirmó la fuente, precisando que “la jurisdicción se fundamenta en la territorialidad”.

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