El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Patricio Álvarez, acogió un requerimiento solicitado por la defensa del ex jefe del SHOA, Mariano Rojas, en el denominado Caso Tsunami.

La solicitud busca determinar nuevos antecedentes sobre la oceanógrafa del SHOA, Cecilia Zelaya, en una indagación por la cual el magistrado Álvarez podría confirmar o no responsabilidades penales, en el marco de la fallida alerta de tsunami de la madrugada del 27 de febrero de 2010.

Lizando Godoy, abogado de Rojas en el caso, explicó que la importancia de conocer los antecedentes de Zelaya, radica en que era la persona más experta en el lugar y que pese a su conocimiento, tampoco reactivó la alerta de tsunami.

El fiscal Luis Tapia analizó de forma positiva la determinación del juez de dar curso a una sola diligencia en relación a la oceanógrafa, explicando que no afecta mayormente la investigación, que eran otros los asesores que tomaron determinaciones.

El persecutor indicó que no se otorgaron antes los antecedentes profesionales de la experta a la defensa, porque eran de carácter personal.

Con la determinación, la Fiscalía Occidente deberá extender en 20 días su indagación contra seis ex autoridades, las que se encuentran imputadas por cuasi delito de homicidio y lesiones, respecto de la muerte de 156 personas.

IMPERTINENTE

Cabe indicar que el magistrado Álvarez rechazó otras 31 peticiones, entre ellas la del querellante Raúl Meza, que pedía citar en calidad de imputada a la presidenta Michelle Bachelet.

A juicio de Álvarez, tal requerimiento era impertinente, ya que la querella contra la mandataria no tiene relación a la acusación fiscal. Misma situación con la reconstitución del trayecto de Bachelet a la Onemi, que fue calificado además de “dilatorio”.

Las otras decían relación a oficiar al Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) para que diera a conocer las alertas que emitió la madrugada del 27F, o periciar los computadpres de la Onemi para conocer los audios de las comunicaciones con el SHOA, entre otras.