Argentina solicitará al juez de Nueva York, Thomas Griessa, la suspensión de la sentencia que obliga al pago de 1.330 millones de dólares a fondos especulativos; mientras negocia con ellos para evitar un default, en tanto el magistrado nombró un supervisor para las tratativas.

La “medida suspensiva” solicitada por Argentina es un primer paso para abrir un proceso de negociación y le permitiría cancelar el próximo 30 de junio un vencimiento con acreedores que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 sin riesgo de embargos en Nueva York.

En función de la sentencia de Griesa, el dinero destinado a los acreedores que aceptaron canjes de deuda podría ser embargado por los fondos especulativos que le ganaron el ligitio al país sudamericano en la Justicia. Eso implicaría un nuevo default para Argentina, algo que el gobierno de Cristina Kirchner quiere evitar.

“La República Argentina pedirá al juez una medida suspensiva de la sentencia que obliga a pagar el total de lo adeudado a los fondos buitres”, como llaman en Argentina a los que compraron la deuda en default, explicó el ministro de Economía Axel Kiciloff en rueda de prensa este lunes.

El ministro recalcó que pedirá la restitución de una medida cautelar (stay, en inglés) que Griesa levantó la semana pasada.

Griesa nombró este lunes al abogado Daniel Pollak para que “conduzca y presida” negociaciones entre las partes, de acuerdo a un documento al que la AFP tuvo acceso.

En una resolución de dos páginas, el juez determinó que Pollak “podrá conducir y presidir sobre tales negociaciones públicamente o ante cámaras, en todo o en parte, y tendrá poder para consultar con las partes a discreción”.

Bruce Wolfson, abogado del estudio Bingham LLT , que da asesoría a la American Task Force Argentina (ATFA, que aboga por los fondos), estimó en rueda de prensa este lunes que “negociar un acuerdo es la respuesta correcta para todos”.

- Cambio de postura -

Luego de que el fallo de Griesa quedara en firme después de que la Corte Suprema de EEUU rechazara una apelación de Argentina a la sentencia del magistado la semana pasada, Buenos Aires se vio obligado a un cambio de postura so pena de incurrir en un incumplimiento de pagos.

“Tenemos que cumplir con los compromisos y contratos firmados con todos los bonistas, los que ingresaron al canje y los que no. Argentina pagará a la totalidad de los acreedores en condiciones justas, equitativas y legales con nuestra Constitución”, dijo Kicillof.

El ministro repetía lo señalado por Kirchner luego de la decisión de la Suprema Corte, en el sentido que de el país buscará pagar.

Argentina viene adelantando una estrategia para acercarse nuevamente a los mercados de capitales, de los que estaba autoexcluida tras la moratoria declarada en 2001 por 100.000 millones de dólares.

En ese marco, ha negociado pagos con el Club de acreedores de París y una indemnización a la petrolera española Repsol por la nacionalización de YPF que fue efectuada en bonos soberanos.

Los fondos especulativos también dieron señales positivas respecto a resignar un pago en efectivo y sugirieron que veían con buenos ojos una operación con bonos.

El país enfrenta dificultades financieras pues depende de su menguado superávit comercial para obtener divisas.

- Vencimientos -

El gobierno está así urgido de armar una estrategia que le permita cumplir el fallo con los fondos litigantes y a la vez cancelar el pago que tiene el lunes próximo, por 900 millones de dólares, con acreedores que poseen bonos reestructurados.

Argentina enfrenta además el dilema que supone que para los bonos reestructurados que aceptaron casi el 93% de los acreedores, existe una cláusula contractual por la cual el gobierno se abstiene de mejorar cualquier futura oferta so pena de extenderla a todos los demás, imposición que vence el 31 de diciembre.

Ese problema aún está por resolverse.

El cambio de posición del gobierno argentino expresado en las últimas horas trajo euforia al mercado bursátil de Buenos Aires, donde el índice líder de la Bolsa de Comercio sumaba una ganancia de 7,75% al promediar la rueda.

En el mercado cambiario, el dólar oficial abrió estable a 8,15 pesos mientras la cotización del dólar paralelo se desplomó 70 centavos, y el billete verde se comercializaba a 11,70 pesos.