Hasta el Ministerio del Medio Ambiente llegaron este lunes los diputados DC, Patricio Vallespín y Roberto León, integrantes de la comisión del ramo en la Cámara Baja, para pedirle al titular de la cartera, Pablo Badenier, que el Gobierno ingrese a la brevedad un proyecto de ley que otorgue mayores facultades sancionatorias a la Superintendencia del sector.

Patricio Vallespín expresó “como está la ley actual, la superintendencia no tiene facultades para hacer cumplir la ley, y como no tienen esas facultades sólo puede actuar sancionando cuando hay una resolución de calificación ambiental o hay un plan de descontaminación, nos parece que esto se debe corregir, por eso le hemos pedido que al ministro que la superintendencia tenga la facultad de fiscalizar y sancionar cualquier actividad productiva que esté provocando un daño ambiental evidente, con resolución de calificación ambiental o sin resolución”.

En la misma línea, Roberto León agregó que “la superintendencia no da respuestas porque no tiene atribuciones para darlas, especialmente respecto de todas aquellas faenas y actividades económicas que no están sometidas a un estudio de impacto ambiental, es imprescindible que la Superintendencia pueda ser el organismo que le da respuesta a todas y cada una de las demandas de la ciudadanía principalmente cuando estas actividades contaminan el medio ambiente en el que ellos viven“.

León resaltó que “el ministro se ha comprometido a crear oficinas regionales de la superintendencia, por la alta demanda ciudadana la superintendencia actual no está dando abasto, y en los próximos cuatro años se van a implementar 14 planes de descontaminación en Chile y para esto urge tener mayores facultades fiscalizadoras”.

“Hoy día la gente sólo puede recurrir a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, al SAG, o a la Seremi de Salud, y eso no puede ser, deberíamos ser capaces de tener una ventanilla única para que el usuario supiera que es perfectamente posible exigir una mejor calidad de vida, por eso estamos pidiendo la iniciativa del Ejecutivo, para tener una superintendencia de verdad con oficinas regionales, no sólo con un funcionario por región”, explicó León.

Vallespín, en tanto, planteó que “otro de los compromisos es crear una ventanilla única para canalizar todas las denuncias de carácter ambiental que hoy están dispersas en varios servicios públicos y de esta manera coordinar y sistematizar de mejor forma la demanda, también se buscará la fórmula para levantar sanciones en actividades productivas que tengan un daño ambiental manifiesto y que no necesariamente cuenten con RCA, como pasas con los vertederos ilegales, industrias constituidas con anterioridad a la institucionalidad ambiental”.