Argentina intentará negociar con el juez estadounidense Thomas Griesa una fórmula financiera, para que el país evite entrar en una crisis económica, pues su decisión en el juicio con fondos especulativos, convalidada por la Corte Suprema, “no es razonable”, anunció este martes el ministro de Economía, Axel Kicillof.

En paralelo, Argentina está “iniciando los pasos” para pagar su deuda reestructurada bajo ley local, porque el revés judicial en Estados Unidos complica el pago a los acreedores en Nueva York, dijo el ministro de economía en conferencia de prensa.

“Vamos a iniciar un canje de deuda con pago en la Argentina y a hablar con (el juez de Nueva York) Thomas Griesa”, indicó el ministro.

“Vamos a enviar nuestros abogados a hablar con Griesa (que ordenó pagar 100% de una deuda de 1.500 millones de dólares en efectivo). Pero si les pagamos, otros bonistas (holdouts) vienen a pedir de inmediato que paguemos 15.000 millones. No podemos pagar eso, no es razonable”, afirmó Kicillof.

Kicillof fundamentó la decisión de encontrar una salida a la compleja situación en que está Argentina en que Griesa, juez de primera instancia de Nueva York, ha manifestado que está de acuerdo en evitar una moratoria de la deuda.

“El juez dijo algo que no coincide con el fallo y es que no quiere empujar al país al ‘default’”, afirmó.

El rechazo de la Corte a tomar el caso argentino convalidó las sentencias de Griesa y de la Corte de Apelaciones de Nueva York que condenaron al país a pagar 1.500 millones de dólares, pese a que el 93% de los acreedores aceptó los canjes y refinanciaciones de 2005 y 2010 con fuerte quita de capital.

Peor aún, Kicillof dijo que “supongamos que renegociamos esos 15.000 millones de dólares con holdouts, pero si les ofrecemos más que al 93% que entró al canje, por cláusula de contrato, estos bonistas probablemente vayan ante un juez y le pidan cobrar también 100%, y sería unos 120.000 millones de dólares”.

El origen de este litigio que ha puesto en jaque al país trasandino se remonta al ‘default’ por 81.000 millones de dólares declarado en 2001 en medio de la peor crisis económica de la historia argentina.