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Las opciones que baraja HidroAysén para continuar con su proyecto en la Patagonia

claudio_alvarado (cc) | Flickr
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Una serie de opciones legales tienen ahora que analizar las empresas Endesa y Colbún, ante el rechazo del Gobierno a su polémico megaproyecto Hidroaysén, que pretendía la instalación de cinco represas hidroeléctricas en la Patagonia chilena.

Tras la decisión del Comité de Ministros, éstos deberán notificar oficialmente a la compañía del rechazo, junto también a los 34 reclamantes del proyecto, en un periodo que no tardaría más de 20 días. Posterior al aviso, HidroAysén contará con 30 días para tomar una opción judicial.

Según informó La Tercera -citando a cercanos a la firma-, el camino judicial es una de las opciones que se analizan dentro de la privada, ya que previamente han tenido éxito por ahí, aunque en esta ocasión se realizaría con mayor cuidado.

Así entonces, está la idea de presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones y mantener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable. De ser rechazada, podrían llegar hasta la Suprema. Esto tomaría un tiempo de entre 8 meses a 1 año.

Otra alternativa es acudir al Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, ya que estiman “extemporánea y dilatoria” la decisión de la autoridad, por lo que podría declararse ilegal.

También se baraja subsanar las reclamaciones -efectos en la fauna, relocalización de 39 familias y compensaciones-, y acudir nuevamente a evaluación ambiental, pero con un proyecto reformulado.

Dentro de los cambios, incluso se evalúa eliminar la central Baker 2, lo que reduciría el área de inundación en un 60%, de las 5.910 hectáreas en total. Aunque primero se deberá realizar un estudio económico de factibilidad, indicó el matutino.

Someterse a arbitraje internacional tampoco está descartado. Ello a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), con las que los accionistas buscarían una indemnización del Estado chileno por los US$ 320 millones invertidos en los estudios.

Se asegura que lo más probable, es que en los próximos días se reduzca la cantidad de personal, para así afrontar el costo de la “batalla judicial” que se avecina.

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