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Ex diputado de Ecuador investigado por crimen quedó en prisión preventiva en Panamá

Ed Grimaldo | AFP
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La Corte Superior de Justicia de Panamá decretó este miércoles prisión preventiva contra el exdiputado opositor ecuatoriano Tito Galo Lara y dio 45 días a la cancillería panameña para decidir si lo extradita o no a su país, donde fue condenado por complicidad en un múltiple asesinato.

“Galo Lara va a estar detenido ya formalmente y lo van a tener en un centro carcelario. La Cancillería (panameña) tiene ahora 45 días para decidir si es procedente o no la extradición”, dijo a periodistas Greta Marchosky, fiscal superior de asuntos internacionales.

El abogado de Lara, Javier Quintero, confirmó también la detención preventiva de 45 días decretada por la sala penal de la Corte contra su cliente y aseguró que impuganaría una eventual extradición del exdiputado ecuatoriano, presente en la audiencia, que abandonó esposado.

Más temprano, el canciller panameño, Francisco Álvarez De Soto, denunció en la fiscalía que había recibido amenazas por haber revocado el asilo a Galo Lara.

De Soto compareció al despacho de la Procuradora (fiscal jefe), Ana Belfon, donde “ha presentado formalmente una comunicación aportando una serie de documentos donde él acredita que ha sido objeto de una serie de amenazas y advertencias”, dijo a los periodistas el secretario general de la Procuraduría, Ramsés Barrera.

Las presuntas amenazas “están relacionadas con la revocatoria del asilo del señor Tito Galo Lara”, añadió Barrera, quien no dio detalles sobre su autoría.

Lara, de 46 años, fue detenido el pasado lunes por la policía panameña, después de que la cancillería de ese país revocara el 19 de mayo el asilo que le otorgó en 2013.

Según Barrera, De Soto presentó documentos e imágenes sacadas de cuenta de Twitter donde “le advierten básicamente que se prepare para lo que le espera”, dijo.

“Vamos a proceder a hacer una investigación sobre los hechos que se han denunciado”, añadió Barrera.

Galo Lara había sido condenado en su país a 10 años de cárcel en 2013 por complicidad en el asesinato de tres miembros de una familia, cuya autoría intelectual se atribuyó a su pareja sentimental.

Sin embargo, tras escapar de Ecuador pidió asilo en Panamá aduciendo persecución política.

La cancillería panameña aceptó entonces esos argumentos, pero ahora revocó la decisión al argumentar que documentos enviados por Ecuador revelaron que hay “nuevos elementos procesales que dan plena certeza de la existencia de delitos comunes”.

Tras la revocatoria del asilo, Ecuador pidió la extradición del exdiputado opositor, quien aseguró tras su detención que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, lo quiere matar por “denunciar la corrupción” de su gobierno.

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