Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó sobreseer causa de ataque incendiario al Fundo Pisu Pisué, como lo había pedido la defensa de los comuneros imputados.

La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó la solicitud de la Defensoría Penal Pública que pretendía el sobreseimiento definitivo de la causa por el incendio de la casa de los cuidadores del fundo Pisu Pisué, por supuestas ilegalidades que a su juicio habría cometido la Fiscalía y que le impedían conocer la totalidad de la investigación.

El tribunal de alzada acogió los argumentos que presentó durante la vista de la apelación el Fiscal Regional de Los Ríos, Rafael Mera Muñoz, confirmando el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno. Así lo confirmó la vocera de la fiscalía Regional, abogado Lorena Sandaña.

En tanto, la fiscalía de Rio Bueno presentó un recurso de apelación para la reincorporación de pruebas y diligencias excluidas, tras el ingreso a la casa de una de las imputadas, la machi Millaray Huichalaf, tras atentado incendiario al fundo Pisu Pisué en enero del año pasado.

Estas pesquisas permitieron que la fiscalía realice otras diligencias como peritajes químicos, además de solicitar un informe a la Agencia Nacional de Inteligencia, las que también fueron excluidas por el Juzgado de Garantía de Río Bueno, lo que a juicio del defensor penal público, Luis Soto, debiera corroborar la Corte.

Según el recurso, la Fiscalía no comparte los argumentos del tribunal de Río Bueno, por lo que la Corte de Apelaciones de Valdivia deberá resolver en los próximos días si acoge o rechaza la solicitud del organismo persecutor. Luego de ello, el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia debe fijar la fecha para el juicio oral.

Indicar que por este caso fueron formalizados seis comuneros mapuche, entre ellos dos machi, estando todos con medidas cautelares, excepto la machi Millaray Huichalaf que está en completa libertad.

La fiscalía los acusa por su presunta responsabilidad en el ataque incendiario, pidiendo penas que van de los 4 hasta los 15 años de presidio.