El Gobierno Regional del Bío Bío se querellará contra quienes resulten responsables por los daños y perjuicios causados por la manifestación que realizaron el lunes pescadores y trabajadores industriales donde, en un hecho inédito, paralizaron toda la intercomuna penquista, luego de interrumpir el tránsito en los tres puentes que cruzan el Bío Bío.

La decisión la tomó el Gobierno Regional y será materializada a través de la gobernación penquista este miércoles en el juzgado de Garantía de Concepción.

Según se detalló desde la Intendencia, debido a como fueron sucediendo los hechos, la organización de la misma, los partes policiales y los desórdenes que ocurrieron en avenida Prat frente al edificio del Gobierno Regional, habrían sido los detonantes para que el ejecutivo a nivel local se decidiera a interponer la acción legal.

La gobernadora de Concepción, Andrea Muñoz, confirmó la acción judicial que irá en busca de los responsables de la protesta que colapsó la ciudad.

Recordemos que debido a la manifestación de los pescadores y trabajadores industriales, los tres puentes que unen a Concepción con San Pedro de la Paz, fueron cortados, causando el colapso en toda la intercomuna, con atochamientos de proporciones e incluso la suspensión de cirugías en el Hospital Regional.

La autoridad gubernamental agregó que espera que la medida que se materializará este miércoles sea un llamado de atención a quienes se manifiestan para cuidar la forma en que se realizan las protestas y recalcó que el Gobierno tiene las puertas abiertas al diálogo.

Los antecedentes aportados por Carabineros indican que el puente Juan Pablo II fue tomado por los manifestantes a eso de las 7 de la mañana con 15 minutos, luego de eso vino el corte del puente Llacolén para terminar con la interrupción del tránsito poco antes de las 8 de la mañana del lunes en el puente mecano. Menos de una hora bastó para hacer colapsar Concepción y comunas aledañas.

Ahora los responsables, ya sea materiales o intelectuales de la protesta nunca antes vista, deberán responder a la justicia por sus actos. Aún así desde el Gobierno Regional se descartó recurrir a la Ley de Seguridad del Estado.