Desde 2009, Chile es sometido al Examen Periódico Universal (EPU), instancia en que los países integrantes y observadores de las Naciones Unidas (ONU) son evaluados en materia de derechos humanos (DD.HH.).

El EPU se hace cada cuatro años, siendo en enero de 2014 cuando nuestro país fue medido por sus pares, recibiendo 185 recomendaciones de otros países, en temas como el aborto terapéutico, la Ley Antiterrorista y defensa a la diversidad de las familias.

La entonces administración de Sebastián Piñera elaboró un informe en febrero, en el que estipulaba que “Chile ha resuelto apoyar 142 recomendaciones, en el caso de 30 no es posible comprometer su cumplimiento y 13 no cuentan con nuestro apoyo, porque son incompatibles con los objetivos del EPU, los principios constitucionales y el orden jurídico interno”.

Entre lo “no comprometido a cumplimiento” estaba la adopción de medidas necesarias para posibilitar el aborto legal en casos de violación o incesto y de peligro para la salud de la mujer, y que fueron aconsejadas por Finlandia, Francia, Alemania, Noruega, Eslovenia, Suecia, Suiza y Bélgica, según informó La Tercera.

En el argumento, el gobierno anterior citó que “(…) ‘la ley protege la vida del que está por nacer’, sin reconocer un derecho humano al aborto, conforme los tratados de DD.HH. ratificados por Chile”. Sin embargo, la posición de nuestro país cambió tras la llegada de Michelle Bachelet, quien abiertamente ha comprometido depenalizar el aborto.

Según conoció el mismo medio, el 30 de mayo pasado se acataron todas las recomendaciones en torno al aborto, y se rechazó la que avalaba El Vaticano, quien afirma que se debe “defender y respetar los derechos de la persona humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natura”.

De lo anterior, el gobierno de Bachelet respondió e indicó que “se rechaza (la recomendación de la Santa Sede) porque el ordenamiento jurídico chileno establece que la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de la madre“.

LEY ANTITERRORISTA Y FAMILIA

“Nos preocupó la cantidad de recomendaciones que rechazó la administración de Piñera, porque demuestra una actitud más defensiva frente al sistema internacional. Este gobierno (de Bachelet), de acuerdo a lo que nos informó, aceptará todas las recomendaciones, menos cinco: dos del Vaticano, una de Bangladesh y dos de Bolivia“, comentó a La Tercera, Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La otras discrepancias fueron respecto a la Ley Antiterrorista: Mientras que el gobierno de Piñera aseguraba que su aplicación era excepcional y no como forma de discriminación al pueblo Mapuche, Bachelet prometió no invocarla durante su administración.

Sobre la composición de la familia, el Vaticano nuevamente aconsejaba a nuestro país de preservar “la identidad” de la misma como “unión consentida entre un hombre y una mujer”, pero desde el actual Ejecutivo se decidió rechazar tal propuesta y declarar que “El marco jurídico chileno otorga protección a la diversidad de los tipos de familia, a saber, monoparentales, biparentales, incluidas las conformadas por un hombre y una mujer”.

Se espera que todas estas recomendaciones -aceptadas y rechazadas- sean explicadas a la ONU el 19 de junio en Ginebra, no sin antes ser reveladas el próximo viernes 13, según dijeron fuentes de Cancillería.