El Instituto Nacional de Derechos Humanos respaldó ante la Corte Suprema a las comunidades diaguitas que denunciaron la presunta ilegalidad del permiso otorgado al proyecto minero de El Morro. El informe, que se encuentra en manos de los ministros de la sala constitucional del tribunal máximo del país, se opone a la decisión de la Intendencia de Atacama de respaldar la iniciativa.
El proyecto de la canadiense Goldcorp para extraer oro y cobre, de USD$3.900 millones de presupuesto, enfrenta un recurso de protección que ya fue desechado por la Corte de Apelaciones de Copiapó en abril de este año.
Las comunidades diaguitas de la comuna del Huasco apelaron a este fallo, alegando que la autorización otorgada por el Servicio de Evaluación Ambiental vulneró el Convenio 169 suscrito por nuestro país que exige la consulta indígena.
En un informe ingresado a la Corte Suprema el 23 de mayo pasado, firmado por el abogado de la Intendencia de Atacama, Javier Herrera Valverde, se respalda la autorización al proyecto minero.
Sin embargo, otro organismo estatal, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, presentó un escrito a favor del requerimiento indígena: “corresponde al Poder Ejecutivo y al Congreso establecer mecanismos institucionalizados que permitan garantizar un procedimiento adecuado (…) Estos procedimientos deben ser establecidos previa consulta con los pueblos indígenas”, señala el documento.
Quien firma este informe, la directora del INDH Lorena Fríes, explicó en conversación con Radio Bío Bío que el desarrollo no puede pasar por encima de los derechos de los pueblos originarios.
El inesperado apoyo produjo satisfacción entre las comunidades en conflicto con la autoridad ambiental, como lo manifestó Solange Bordones, cacica diaguita de la Asociación Huasco Alto.
El Morro considera la construcción y operación por 14 años de una mina a tajo abierto para la extracción de oro y cobre, en la zona cordillerana de la región de Atacama, muy cercana a otro proyecto cuestionado, Pascua Lama.
