El Tribunal Constitucional suspendió la audiencia en la Corte Suprema por las condenas contra los militares responsables del crimen del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos.
Se trata de la sentencia que afecta a 14 ex altos funcionarios del ejército por el asesinato del ex colaborador de la dictadura, ocurrido en Uruguay en 1992.
Entre las penas más altas están las del mayor retirado, Arturo Silva Valdés, a 20 años de cárcel por secuestro con homicidio y asociación ilícita, al igual que al ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, el general, Hernán Ramírez Rurange.
El abogado de este último, Claudio Feller, interpuso un recurso de inaplicabilidad del delito de asociación ilícita ante el Tribunal Constitucional, que lo declaró admisible y que hizo suspender la audiencia en la sala penal de la Corte Suprema.
El jurista explicó que a su cliente se le condenó por un delito que calificó de “vago” o impreciso.
No obstante que se habían registrado los alegatos de las partes durante cinco días, una de las abogadas litigantes, Lupi Aguirre, del Consejo de Defensa del Estado, consideró normal que se recurra a estas instancias.
Entre los miembros de la operación para ejecutar y encubrir el crimen de Berrios aparece además el ex auditor general del Ejército, Fernando Torres Silva, que fue condenado a 10 años y un día de presidio como autor del delito de asociación ilícita.
