La Presidenta Michelle Bachelet firmó este lunes el proyecto de ley que busca fortalecer la institucionalidad del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), dotándolo de facultades para fiscalizar, sancionar y elaborar normativas para enfrentar las desigualdades existentes en los mercados.

La iniciativa, que consta de seis puntos principales, busca además reforzar a la sociedad civil para que tenga la capacidad real de desarrollar propuestas que protejan los intereses colectivos de los ciudadanos.

La Mandataria destacó que “es desde el ejercicio activo de nuestra ciudadanía que las chilenas y chilenos hemos tomado consciencia de nuestros derechos como consumidores. Y es desde la ciudadanía donde las personas se han organizado contra los abusos a la hora de comprar un producto o de utilizar un servicio, porque lamentablemente los abusos, los engaños, la falta de transparencia y la letra chica son parte de la vida cotidiana”.

Dijo que se trata de “un proyecto que busca impedir que los abusos a los consumidores lleguen a ser un buen negocio en Chile, y eso significa entregar más información, crear mejores mecanismos para que desaparezca cualquier incentivo de abusar de los consumidores, y por supuesto necesitamos avanzar en la agilización de los procesos para resolver conflictos”.

El proyecto del Ejecutivo incluye el fortalecimiento del Sernac, la eliminación de la competencia de los juzgados de policía local para resolver los conflictos en el ámbito del interés individual del consumidor, y el fortalecimiento de las asociaciones de consumidores.

De la misma manera, aborda el incremento de las multas por infracción a la normativa de protección de los derechos de los consumidores, la reparación íntegra de los daños causados a los consumidores, y el aumento en los plazos de prescripción extintiva de acciones que persigan la responsabilidad contravencional.

Respecto al primer punto, el proyecto busca que el Sernac pueda cumplir su cometido de manera eficaz, en línea con lo que ocurre con otras agencias que protegen los derechos ciudadanos a nivel transversal en los mercados (como la Fiscalía Nacional Económica) y con aquellas que actúan en mercados regulados (como es el caso de las diversas superintendencias).