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Ministro Gómez aclara que brazalete electrónico continúa en periodo de pruebas

El ministro José Antonio Gómez | Agencia UNO
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El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, informó que el próximo 19 de junio finalizará el periodo de prueba o “marcha blanca”, del sistema de monitoreo telemático de condenados bajo la modalidad de tobillera electrónica, tras lo cual, la autoridad analizará los informes acerca de cómo ha sido el funcionamiento técnico de la propuesta y si se hace operativo o no.

“El Gobierno anterior decidió no poner en marcha el brazalete, a consecuencia que tenía deficiencias técnicas graves. La ley nos obliga a un periodo probatorio que termina el 19 de junio, es decir, hasta ese momento, no vamos a poder tomar la determinación de si este sistema se hace operativo o no”, expresó el ministro de Justicia.

Gómez detalló que la institución ha recibido información sobre fallas en el sistema, una situación que es sensible principalmente en la protección a víctimas.

“En este intertanto, no se puede hacer operativo por dos razones fundamentales, primero, porque este va a dos medidas que son importantes, una que se refiere a la vigilancia intensiva en relación a quienes han cometido delitos de violencia intrafamiliar o de abuso sexual; se hace un seguimiento a quien está sometido a esta medida, para evitar que se acerque a la víctima”, expresó el ministro.

Agregó que “si nosotros ponemos en vigencia este proyecto, en las condiciones que está, lo más probable es que pueda producirse un hecho grave, como una agresión o muerte de la víctima, porque el sistema no asegura el seguimiento exacto”.

Respecto a la segunda opción -reclusión parcial- para el uso de la tobillera, el ministro especificó que es más factible, debido a que el condenado se sitúa en un lugar fijo.

“El segundo punto se refiere a la reclusión parcial, que es una situación probablemente que se pueda ejecutar, en la medida en que técnicamente se demuestre”, dijo Gómez.

El jefe sectorial adelantó que ante una evaluación negativa del sistema, el Ministerio impulsaría un nuevo proceso, para elegir una herramienta de control.

“Si el sistema técnicamente no funciona, obviamente tenemos que proceder inmediatamente a licitar una nueva formación técnica para este tratamiento”, manifestó el ministro de Justicia.

El aparato, dice la ley, debe ser a imputados por violencia intrafamiliar y abusos sexuales, que gocen de libertad o arresto domiciliario, para que las autoridades puedan vigilarlos a distancia e impedir que se acerquen a las víctimas.

La información se conoció después de que Gendarmería enviara un oficio al Poder Judicial, Fiscalía y Defensoría, donde anunciaba el término anticipado de contrato de la empresa adjudicataria, y la suspensión de su uso.

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