En fallo unánime la Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó la responsabilidad del Estado en la situación que vivió Gloria Sepúlveda Hevia, quien estuvo prontuariada tras ser suplantada en un juicio simplificado en el Juzgado de Garantía de Talca.

El máximo tribunal condenó al fisco a pagar una indemnización de diez millones de pesos a la mujer que fue suplantada y acusada del delito de hurto en la ciudad de Talca en 2005.

En octubre de 2007 la mujer solicitó un certificado de antecedentes en el registro civil, donde se percató que registraba una supuesta participación en el delito de hurto.

La sentencia determina la responsabilidad por falta de servicio de Carabineros, al no realizar los procedimientos respectivos para lograr la identificación de la persona que fue detenida al momento de cometer el delito.