Human Rights Watch en su último informe sobre Venezuela denunció violaciones de derechos en las calles por parte de pandillas armadas, en centros de detención y el sistema de justicia, con la clara complicidad de policías, fiscales y jueces. En ese sentido, la situación actual en dicho país abre un atractivo debate sobre los valores que un sistema democrático busca promover y proteger, y si una mayoría los puede contravenir en un momento dado.
A mi parecer, la respuesta sería no. Hay ciertos valores transversalmente compartidos, como el respeto a la dignidad humana, la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad que no pueden ser sometidos a una votación, porque de ese modo se perdería este sistema valórico como contrapeso al poder arbitrario.
Cuando a través de la democracia, una mayoría contraría estos valores caemos en un relativismo, que fundamenta que lo bueno es simplemente aquello que decide una supuesta voluntad general o mayoritaria contingente (la cual puede estar cooptada a través de la demagogia sistemática de una élite o un gobernante). Benjamin Constant ante este problema dice que “la voluntad de todo un pueblo no puede convertir en justo aquello que es injusto”.
En el caso particular de Venezuela, la lógica de las mayorías sin contrapesos no sólo ha corrompido las instituciones democráticas, menospreciando los necesarios balances para frenar el potencial abuso del poder estatal y rompiendo por ejemplo, con la necesaria independencia del poder judicial, sino que ha justificado que socialmente las mayorías vayan contra valores democráticos antes mencionados en desmedro de las minorías.
Ante esto, Alberto Benegas Lynch (h) señala que “las mayorías enquistadas en el poder arrasan con la justicia, designando supuestos jueces que son adictos al Ejecutivo y, de la misma manera, proceden con todos los organismos de control.”
La democracia mal entendida, basada en la voluntad desenfrenada de una mayoría de forma absoluta –o de “retroexcavadoras”-, se convierte en un potencial atentado contra los individuos que sustentan dicho sistema, sobre todo cuando ante un espacio político democrático e institucional debilitado, un gobernante instrumentaliza a las masas para gobernar a su antojo, convirtiendo al individuo en un ser totalmente desprotegido frente al Gobierno.
Por Jorge Saez Donoso, estudiante de Derecho PUC y columnista de Cientochenta.
