La oposición venezolana aseguró este martes que el diálogo de paz con el gobierno que pretende poner fin a más de tres meses de protestas “no está roto”, pero precisó que esperan hechos concretos para volver a la mesa.

“El diálogo no está cerrado, no está roto”, dijo en rueda de prensa el secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo, aunque precisó que “no hay hechos nuevos que nos permitan cambiar de posición como desearíamos”.

Este fin de semana y hasta el lunes, los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador, así como el nuncio en Venezuela, se reunieron con las partes para intentar destrabar el diálogo, declarado en “crisis” por la oposición hace una semana tras las masivas detenciones de estudiantes en las protestas del último mes y al criticar la ausencia de avances en los acuerdos alcanzados en reuniones previas con el oficialismo.

Al término de los encuentros del lunes el diálogo seguía suspendido, pero con posibilidades de reabrir los “puentes de comunicación”, dijo Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador y uno de los testigos de buena fe de la representación de Unasur.

“Seguimos esperanzados en el diálogo. Esa ventana es parte de la política, como lo es la protesta”, aseguró Aveledo este martes tras asegurar que espera que el gobierno pueda “ceder” en las peticiones hechas por la representación de la MUD. “No vamos a actuar sobre las bases de promesas, sino de hechos”, precisó.

Por su parte el presidente Nicolás Maduro solicitó este martes a la MUD un “diálogo con resultados concretos” que incluya el repudio al proyecto aprobado este martes por una comisión del Senado de Estados Unidos, que podría imponer sanciones a funcionarios venezolanos que hayan cometido violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas.

Luego, aseguró que continúa sentado en la mesa y que el diálogo seguirá “con o sin la MUD”.

Para reanudar las pausadas reuniones, la coalición de más de 30 partidos opositores exigió al gobierno la designación de una comisión independiente que investigue unos 150 casos de violaciones de derechos humanos durante las protestas y la liberación de estudiantes y dirigentes encarcelados.

Las protestas iniciadas en febrero en contra de la escasez de productos básicos, la inflación anualizada de 60% y la alta criminalidad, dejan 42 muertos -algunos policías-, unos 800 heridos y 250 detenidos.

La MUD pide además la liberación de los llamados “exiliados políticos” y del excomisario policial Iván Simonovis, preso desde hace 10 años acusado de homicidio tras el breve golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez.