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Colegios particulares descartan que reforma termine con planteles que reciben aportes del Estado

Sebastián Rodríguez | Agencia UNO
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Los representantes de colegios católicos y subvencionados de la región de Los Lagos no creen que la reforma educacional vaya a significar el fin de los establecimientos que reciben aportes estatales. En la región son más de 30 los colegios y jardines infantiles que a la fecha reciben subvenciones.

El presidente regional de la Federación de Institutos de Educación Particular -FIDE-, Faustino Villagra, señaló sobre este proyecto de ley que pone fin al lucro en la educación con recursos del Estado, que la impresión entre los sostenedores y directores de este tipo de planteles, al menos en la zona, es que esto no significará necesariamente el fin de estos recintos para el caso de aquellos que han trabajado de una manera seria, anteponiendo los intereses educativos.

Una opinión similar fue la entregada por el director del Colegio Chileno Norteamericano de Puerto Montt, Felipe Sotomayor, quien señaló que la sensación es de tranquilidad al interior de los planteles subvencionados de la región, ya que estos sí quieren formar parte de los cambios estatales en la materia.

A nivel parlamentario, el diputado Fidel Espinoza, integrante de la Comisión de Educación, coincidió con la visión entregada por los representantes de estos colegios subvencionados. Señaló que aquellos planteles particulares que trabajan a la fecha sin fines de lucro podrán prescindir incluso de convertirse en fundaciones, tal como así lo estipula el contenido del proyecto de ley que firmó este lunes la presidenta Michelle Bachelet.

Esto considerando que el documento firmado por la jefa de Estado y que será ingresado este martes con urgencia simple al Congreso Nacional establece que los sostenedores que actualmente persiguen beneficios económicos con recursos estatales deberán optar por convertirse en colegios particulares pagados o bien por transformarse en personas jurídicas sin fines de lucro en un plazo de dos años, pudiendo solicitar en un plazo de 12 años que el Estado compre los inmuebles de los colegios.

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