Cuatro mujeres presentaron una querella por la violencia sexual que denuncian haber sufrido, tras ser detenidas en Villa Grimaldi durante la dictadura.

La acción la interpuso el abogado Hirám Villagra en la Corte de Apelaciones de Santiago, para que se investigado por uno de los siete jueces que actualmente indagan casos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Villagra afirmó que “Estamos siguiendo la huella internacional de plantearlo en forma separada, es curioso, pero en las querellas anteriores se describen episodios casi marginales, hoy lo estamos colocando en el centro de la atención”.

“La violencia sexual, por su poder destructivo, su forma particularmente perversa y humilladora, buscó los efectos en forma intencionada como la mejor manera de golpear la moral del enemigo, violarle sus mujeres, y cuando eran compañeras que asumían la militancia era un doble castigo, porque era la mujer que salía de su rol de mujer, eran castigadas en su doble carácter de compañeras de combatientes, y ellas mismas como opositoras al régimen militar, por salirse del rol de ama de casas en que la dictadura quería mantenerlas sometidas”, puntualizó.

Por su parte, Beatriz Bataszew contó que estuvo “detenida en un sitio de tortura que se especializó en violencia sexual y de género contra las mujeres, de forma tal que lleva el nombre de Venda Sexy”.

“La violencia sexual y de género se utilizó como un mecanismo de poder, de dominación y de las situaciones de las mujeres en situaciones de tortura, indefensión y de privación de libertad”, agregó.

Asimismo, Bataszew relevó el hecho de que deben modificarse las normas penales.”El delito de tortura no existe en el código penal, y lo que no se nombra no existe, se habla tratos degradantes, se habla de apremios ilegítimos y yo como ciudadana me pregunto qué es un apremio legítimo entonces, de qué estamos hablando, se habla de abusos deshonestos, ¿hay abusos honestos?”, se preguntó.

“La violación es un acto que perturba la honra de la familia. No se habla de la persona, de la mujer objeto de esa violencia. Estamos señalando la necesidad de tipificar los delitos de tortura y de violencia sexual de forma separada, adjuntándose a lo planteado por la Corte Internacional Penal”, precisó.

También solicitó “que las personas que fuimos objeto de tortura y de violencia sexual tengamos por parte del Estado derecho de defensa, porque hasta el día de hoy tenemos derecho de defensa porque hay abogados y abogadas que lo hacen de forma gratuita, pero el Estado no la garantiza”.

En tanto, Lucrecia Brito recordó que fue detenida un 31 de diciembre, y ese día sus compañeras de prisión “fueron violadas, vejadas, maltratadas a todo nivel, con palabras que las denostaban permanentemente, y efectivamente muchas de ellas producto de eso están en una situación psicológica y física muy difícil”.

“La Presidenta Michelle Bachelet estuvo con nosotras en Villa Grimaldi, período en que el señor Manuel Contreras, el señor Marcelo Moren Brito tomaron a su madre Ángela Jeria a ella y ejercieron una presión psicológica, las aislaron y, sin embargo, ellas salieron a denunciar estos hechos y otros en un libro de Naciones Unidas”, acotó.

El vicepresidente de la Corporación Parque Por la Paz Villa Grimaldi, Cristián Castillo, dijo que “estamos para apoyar a las víctimas, en la búsqueda de una recuperación. Los tribunales de justicia deben buscar una respuesta a este tema que permita la reivindicación de todas nuestras compañeras, de todas las mujeres cuyos derechos fueron violados. La violencia sexual es tortura y debe ser reconocida como tal, como una forma de tortura distinta a la violencia física”.

Dos de las querellantes, Alejandra Josafel y Soledad Castillo, relatan en el libelo los vejámenes y torturas que sufrieron tras ser detenidas luego del golpe de Estado de 1973.