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Fiscales acusan indolencia del Gobierno por seguridad de persecutores tras salida de Luis Chamorro

Luis Chamorro | Andrés Pino (RBB)
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El fiscal de Villarrica Luis Chamaorro, quien renunció al Ministerio Público producto de una serie de amenazas, aseguró que actualmente existen persecutores en situaciones complejas que no pueden desarrollar apropiadamente sus funciones y que en Chile escupir a un fiscal constituye sólo un delito de injuria. Las declaraciones se dan en el marco de la denuncia de la Asociación de Fiscales, que acusó al Gobierno de abandonar a la entidad en materia de seguridad.

La renuncia del fiscal -que indagó atentados como fiscal jefe de Collipulli y de Angol-, luego de ser amenazado en el último ataque incendiario a un camión ocurrido en Ercilla con un panfleto que señalaba “Chamorro, bonita tu casa”, sacó a la luz nuevamente el tema de las condiciones en que se desempeñan los persecutores.

En este caso específico, se encendieron las alarmas respecto a la seguridad de los fiscales. Luis Chamorro, quien dejará sus funciones el proximo 13 de junio, denunció que ha debido enfrentar una serie de situaciones denigrantes, como insultos y hasta escupitajos.

Sobre las amenzas, indicó que por más que pueda confiar en las instituciones nada puede mejorar el daño emocional de su familia. Explicó que esto ocurre con el grupo de fiscales que, por los temas que cubren, se ven más expuestos y afirmó que las condiciones no les permiten desarrollar de manera apropiada sus funciones.

Por su parte la Asociación de Fiscales responsabilizó al Gobierno por la renuncia de Chamorro, debido a las escasas medidas de seguridad que se les brindan a los cerca de 700 persecutores en Chile.

Claudio Uribe, presidente de la asociación, acusó “indolencia” de parte de las autoridades y una falta de reacción ante la grave situación que se vive en el Ministerio Público. Por ejemplo, indicó que nada los separa de los imputados al retirarse de los tribunales.

El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, aseguró que siempre han mantenido las puertas abiertas para el diálogo con los fiscales.

La situación ameritó una reunión en calidad de urgente entre el senador por La Araucanía, Alberto Espina, y el fiscal nacional subrogante, Alberto Ayala, donde se comentó la falta de presupuesto para proteger al personal, la reducción de sueldos cuando son trasladados y la débil legislación para condenar a quienes utilizan las amenazas.

Espina también indicó que las declaraciones del intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, sobre la tardanza desde el Gobierno central para tomar decisiones, son una pésima señal y podría derivar en su renuncia.

Las cifras indican que más de 190 fiscales han renunciado por la falta de condiciones y expectativas laborales. Son 650 persecutores que anualmente ven un total de 2.000 casos cada uno.

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