El ex alcalde de Puerto Varas, Ramón Bahamonde, calificó como un “error garrafal” las acciones administrativas del actual jefe comunal, Álvaro Berger, en relación al Relleno Sanitario La Laja, criticando también al anterior Gobierno por no considerar a los técnicos calificados y adecuados para la licitación del proyecto.
Tras dos demandas de nulidad por decretos alcaldicios que no contaron con el acuerdo del Concejo Municipal, el alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, señaló que no tiene inconvenientes para reunirse con quienes están cuestionando el ambicioso proyecto provincial, puesto que su deber como primera autoridad comunal también es poner atención a este tipo de reclamos ciudadanos.
Al difícil momento se suma ahora la crítica en su contra hecha por su antecesor en el cargo, Ramón Bahamonde, quien habló por primera vez sobre este tema para salir en defensa de este proyecto, del cual le tocó participar cuando él ejercía el cargo.
Lamentó que el actual jefe comunal se refiera de manera despectiva al proyecto como una herencia dejada por la administración anterior, responsabilizando por la polémica instalada no sólo a su sucesor, sino que también a quienes tomaron decisiones desde el Gobierno al momento de la licitación internacional del proyecto en el año 2013.
Al respecto, el alcalde Álvaro Berger respondió que Bahamonde está desinformado, ya que todos los actos jurídicos hechos en la actual administración comunal han estado en regla. Por ende, si la Justicia Civil llega a detectar transgresiones a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades será por contratos celebrados cuando él era el jefe comunal.
Al margen de aquello, el actual edil dio un plazo de 20 días a su equipo jurídico para que reúna todos los antecedentes del caso desde los inicios de la iniciativa en el año 2001, para revisar si existen aspectos legales que permitan explicar o aclarar la validez y sustentabilidad del relleno sanitario que pretende reunir los desechos domiciliarios de las 9 comunas de la provincia, pese a que a la fecha sólo dos de ellas, Frutillar y Cochamó, han firmado el contrato de disposición final de sus residuos sólidos.
