“La reciente sentencia del Tribunal Constitucional representa un paso significativo para Chile en la lucha contra la impunidad y en la garantía de los derechos procesales de las víctimas de violaciones de derechos humanos”, señaló el representante regional de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra.

Declaraciones emitidas en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que acogió la solicitud de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que fue presentada por un hombre que sufrió la pérdida de su ojo derecho producto del impacto de un balín disparado por Carabineros durante una manifestación por la educación.

En este caso, el Tribunal declaró inaplicable varias disposiciones del Código de Justicia Militar, a la luz del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En este sentido, el TC sostuvo en su sentencia que la aplicación de los referidos artículos del Código de Justicia Militar en este caso “provocan una vulneración de los derechos a ser oído por un juez competente, a la publicidad del proceso y a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial”.

Amerigo Incalcaterra, representante regional, felicitó el fallo del TC, en la línea de las recomendaciones realizadas por diversos mecanismos internacionales de Derechos Humanos que se han manifestado en múltiples ocasiones sobre la aplicación de la justicia militar en Chile.

En 2007, el Comité de Derechos Humanos señaló a Chile que el uso de la jurisdicción militar para procesar a civiles era incompatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y recomendó a Chile la revisión del Código de Justicia Militar, para ajustarlo a los estándares internacionales.

Recientemente, en enero de 2014, el Consejo de Derechos Humanos en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), recomendó al país que los casos de violaciones de Derechos Humanos sean tramitados por la jurisdicción civil y con todas las garantías del debido proceso.

Incalcaterra animó al Estado chileno a avanzar prontamente en la revisión del Código de Justicia Militar para asegurar que los casos de violaciones de Derechos Humanos sean tramitados ante la jurisdicción civil y con todas las garantías del debido proceso.