Las autoridades colombianas descubrieron este martes en Bogotá una oficina de espionaje ilegal desde donde presuntamente se interceptaron correos del presidente Juan Manuel Santos y de las FARC, con la intención de afectar el proceso de paz que adelantan gobierno y guerrilla en La Habana.

El caso, destapado a pocos días de las presidenciales del 25 de mayo, enturbia también el clima electoral en el país debido a que el único detenido por las interceptaciones trabajaba para la campaña del candidato derechista Óscar Iván Zuluaga.

Según el fiscal general, Luis Eduardo Montealegre, el centro de espionaje era operado por Andrés Sepúlveda, un ingeniero que fue detenido por las autoridades y que pretendía vender los datos que obtenía ilegalmente.

“Se trata de un ingeniero que planeaba como uno de sus objetivos interferir en el proceso de paz y negociar con esta información”, dijo el funcionario en rueda de prensa.

Sepúlveda trabajaba junto a su esposa y otros familiares en la campaña de Zuluaga, según un comunicado del equipo del propio candidato.

Zuluaga es miembro del partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), un férreo opositor a los diálogos de paz con las FARC.

“Desde esa oficina se han prestado servicios de divulgación en redes sociales y seguridad informática a esta campaña. Por supuesto, cualquier actividad ilegal que se haya desarrollado en tal inmueble, en caso de existir, la reprobamos, esperamos resultados rápidos de las investigaciones y la máxima condena a los responsables”, explicó el equipo de campaña de Zuluaga.

Por su parte, Santos consideró “muy grave que cualquier persona o cualquier organización esté deliberadamente tratando de sabotear el proceso de paz a través de interceptaciones ilegales y en el mismo sentido tratar de desestabilizar las instituciones del país”.

En declaraciones desde la ciudad de Villavicencio, el mandatario pidió también al fiscal general llegar “al fondo de este asunto” porque “el país necesita saber quién está detrás de esta actuación ilegal”.

En febrero también fue desmantelado en Bogotá un centro de escuchas supuestamente ilegales de inteligencia militar, desde donde se espió a delegados de paz del gobierno en Cuba y periodistas que cubren las negociaciones con las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas).

El caso precipitó la salida de dos altos rangos de inteligencia del Ejército y sigue en investigación.

Montealegre insistió en que la oficina desmantelada este martes buscaba “afectar el proceso de paz” y “atentar contra la seguridad nacional”, aunque no ahondó sobre la evidencia hallada.

También hay indicios de que “a través de esta oficina, probablemente se interceptaron los correos del presidente” Santos, indicó.

Asimismo, precisó, se interceptaron comunicaciones del jefe de prensa de las FARC en Cuba y de periodistas que cubren el proceso de negociación iniciado en noviembre de 2012.

En declaraciones posteriores a la prensa Montealegre aclaró, sin embargo, que actualmente no existen evidencias que vinculen a la campaña de Zuluaga con las acciones que se adelantaban desde la oficina desmantelada para afectar el proceso de paz.

La Fiscalía, que no informó de más detenciones, elevará cargos por espionaje contra Sepúlveda.

A raíz del primer caso de espionaje, las FARC dijeron sentir “gran desconfianza” y acusaron a la inteligencia militar de pretender afectar las conversaciones de paz, aunque decidieron seguir negociando para buscar un acuerdo que ponga fin al conflicto armado de medio siglo.

Santos buscará la reelección en los comicios del 25 de mayo con el objetivo de sellar un acuerdo de paz con las FARC, la principal guerrilla de Colombia.

Zuluaga y Enrique Peñalosa, del movimiento de centro Alianza Verde, son -según las encuestas- los candidatos con mayor probabilidad de disputarle el cargo a Santos en una segunda vuelta, que tendría lugar el 15 de junio en el esperado escenario de que ningún aspirante alcance el 50% de los votos el 25 de mayo.