El presidente de la Unión de Ex Prisioneros Políticos y Torturados de Osorno, Óscar Pérez, emplazó al actual Gobierno a no dilatar la revisión de las indicaciones que se introdujeron en la Ley 19.992 que establece pensiones de reparación a las víctimas de derechos humanos y violencia política.

Agregó que hay varios puntos a resolver que consideran que están el aire. Por lo mismo, enviaron un documento que se encuentra en manos de la presidenta Michelle Bachelet desde el 14 de abril, y que esperan que antes del discurso presidencial del 21 de mayo tengan una respuesta.

De igual modo, aseguró que ellos están pidiendo justicia desde la dictadura militar y que ninguna administración ha sido capaz de dar atención a sus peticiones que a su juicio, son justas y merecidas.

Por último, Pérez indicó que las peticiones que hoy reclaman son las mismas que planteó la actual mandataria en su campaña presidencial. Por tanto, no ve un obstáculo para que ahora sea ella misma que acoga las demandas.