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ONU examina los intentos del Vaticano para combatir la tortura y la pedofilia

Imagen de archivo | Osvaldo Villarroel/AgenciaUno
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El Vaticano presentó este lunes en Ginebra su primer informe ante el Comité de la ONU contra la Tortura, un ejercicio al que deben someterse todos los signatarios de la Convención contra la Tortura de 1984.

La Santa Sede firmó esta Convención Internacional en 2002, pero es la primera vez que presenta un informe ante este Comité de la ONU, con base en Ginebra.

Frente a las críticas de asociaciones de defensa de víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, considerados como actos de tortura, la Santa Sede se defendió afirmando que la Convención se aplica únicamente al territorio del Vaticano.

El nuncio apostólico en la ONU, monseñor Silvano Tomasi, declaró que la Convención tiene autoridad sobre el territorio de la Santa Sede y “no sobre todos los miembros de la Iglesia Católica”.

Tomasi explicó que las autoridades nacionales de los otros Estados son competentes para juzgar a los responsables de actos de tortura u otros abusos cometidos por miembros de la Iglesia católica en esos países.

La jurista estadounidense, Felice Gaer, relatora de la Comisión de la ONU, rechazó sin embargo este razonamiento. Gaer sostuvo que todos los representantes y funcionarios de un Estado, incluso fuera de las fronteras del país, están sujetos a las leyes de su país.

“El Estado del Vaticano es una subdivisión de la Santa Sede, así como el cantón de Ginebra es una subdivisión de Suiza”, afirmó Gaer. “Su afirmación de que los representantes de la Iglesia católica fuera del Estado del Vaticano están excluidos de la Convención nos preocupa y no es conforme a nuestros procedimientos”, añadió.

Los expertos de la ONU pidieron a la delegación del Vaticano que se publique las medidas adoptadas contra los clérigos acusados de abuso sexual y que se garantice que fueron suspendidos de sus funciones.

Gaer pidió además que se notifique sobre el número exacto de sacerdotes suspendidos, así como de las investigaciones y juicios abiertos contra los posibles autores de estos delitos.

Varios grupos de defensa de víctimas y ONG estiman que el Vaticano minimiza los abusos sexuales cometidos por sacerdotes e intenta esconder la realidad, destruir las pruebas, intimidar a los testigos, en lugar de destituir a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Este informe del Vaticano sobre la tortura fue presentado tras las conclusiones del comité de la ONU sobre los derechos de los niños.

Este comité afirmó en enero pasado que el Vaticano no tomó las medidas necesarias para tratar los casos de niños abusados sexualmente por sacerdotes.

Una comisión de expertos para la protección de los niños en las instituciones de la Iglesia, creada por el papa Francisco, anunció el pasado 3 de mayo querer instaurar “procedimientos eficaces” en la Iglesia para que los sacerdotes pedófilos sean castigados, aunque no propuso medidas jurídicos vinculantes.

Estos ocho expertos, entre los cuales figura el teólogo argentino Humberto Miguel Yáñez y una víctima irlandesa de abuso sexual, Marie Collins, se reunieron durante 3 días en el Vaticano.

En una entrevista al diario católico italiano Avvenire, monseñor Silvano Tomasi estimó que “más de 700 sacerdotes culpables de abusos sexuales contra menores fueron reducidos al estado laico desde 2004 directamente por la Santa Sede”.

El papa Francisco “pidió perdón” en abril por los crímenes pedófilos y exigió sanciones “muy severas”.

Sin embargo, organizaciones de víctimas se mostraron particularmente críticas cuando en declaraciones pasadas el papa parecía echar la culpa de estos delitos a la sociedad. Francisco había afirmado que la pedofilia era un mal que existía también “en su gran mayoría” en la familia y en los vecindarios.

En una entrevista al Corriere della Sera, el papa argentino había sostenido que la Iglesia “era quizá la única institución pública en haber reaccionado con transparencia y responsabilidad”. “Nadie ha hecho más. Y sin embargo, la Iglesia es la única atacada”, dijo.

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