En México persiste una situación “generalizada” de tortura que se ejerce usualmente en el periodo inmediatamente posterior a la detención de las personas, y es aplicada por militares y policías en un ambiente de “impunidad”, informó el viernes Juan E. Méndez, relator Especial de la ONU.
“Me gustaría decir que la tortura es aislada en México”, pero “tengo que decir que hay una especie de endemia de la tortura”, dijo en conferencia de prensa el relator al término de una visita a México de 14 días, en los que acudió a diversos centros de reclusión y detención preventiva a lo largo del país.
Aunque las autoridades han reportado una disminución en la práctica de la tortura y de tratos crueles e inhumanos, el relator dijo haber recibido un alarmante número de denuncias en las cárceles, en las que realizó entrevistas aleatorias con reclusos y organizaciones civiles mexicanas.
Señaló que en la mayoría de los casos, la tortura se registró en los momentos inmediatamente posteriores a las detenciones, que muchas veces son ejecutada en supuesta “flagrancia” por agentes vestidos de civiles, que propinan golpes y amenazas a los arrestados, vendándoles incluso los ojos durante su traslado en vehículos a casas de seguridad.
Las técnicas para atormentar a las víctimas van de la asfixia con bolsas en la cabeza, toques eléctricos en los testículos, hasta el despojamiento de sus ropas y violaciones sexuales. En mayoría de los casos, las víctimas recibieron al menos golpes con puños y pies.
El representante de la ONU denunció también que al llegar a los centros de detención, las víctimas sufren una falta de acceso oportuno a un abogado defensor y a una adecuada revisión médica con fotografías.
“No tengo empacho en decir que el problema es la impunidad”, señaló el relator, quien precisó que las condenas por el delito de tortura han sido mínimas en el país.
En el ámbito federal, se han emitido tres condenas en los últimos años contra oficiales que hayan torturado, mientras que en la capital mexicana se han librado otras dos o tres con “penas menores respecto a la gravedad” del crimen, y hay una veintena de procesos en curso.
Así, el relator recomendó al gobierno de México hacer una urgente revisión del sistema de defensoría de las personas en la primera etapa de la detención y avanzar en la reparación del daño.
