Como un “hecho grave” calificó la bancada de diputados de Renovación Nacional de La Araucanía el anuncio del Gobierno de no aplicar la Ley Antiterrorista y recalificar querellas que habían sido interpuestas en la administración anterior.

Se trata del ataque al Fundo San Leandro en el 2009, y en el 2013 los daños ocasionados a un helicóptero de Forestal Mininco, el descarrilamiento de un tren en Collipulli, el incendio al fundo Santa Ana en Vilcún y el incendio a la casa de Jorge Pooley en Temuco. En todos ellos se encontraron panfletos o rayados alusivos a la causa mapuche.

También se suma un sexto caso, el ocurrido en Carahue en enero de 2012, cuando durante un incendio forestal fallecieron 7 brigadistas.

El diputado José Manuel Edwards indicó que el Gobierno está abandonando a las víctimas de estos hechos:

El diputado Jorge Rathgeb comentó que en estos casos ameritaba invocar la Ley Antiterrorista:

El diputado Germán Becker señaló que esta normativa está plenamente vigente en nuestro ordenamiento jurídico, mientras que el diputado Diego Paulsen afirmó que hay un sesgo ideológico y aprovechamiento político, lo que fue reafirmado por el diputado René Manuel García, quien sentenció que el Gobierno está entregando una señal de impunidad para quienes articulan grupos que generan violencia.