Este miércoles se conocerá si la justicia determina responsabilidades en el caso del incendio en la cárcel de San Miguel, que terminó con la vida de 81 reos, la madrugada del 8 de diciembre de 2010.

El Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago fijó la lectura de veredicto para las 13:00 horas de este miércoles, luego que finalizaran los alegatos de clausura y las réplicas en el juicio oral que enfrentaron los 8 gendarmes imputados por cuasi delito de homicidio reiterado y lesiones.

El área de coordinación del Centro de Justicia dispondrá un auditorio para que 150 familiares de las víctimas de la tragedia puedan ver en directo la audiencia, esperada como el desenlace del juicio más largo que recuerde la justicia, desde la Reforma Procesal Penal.

Fueron 9 meses de audiencias en que el Ministerio Público defendió la tesis de una negligencia de Gendarmería en el turno que operaba aquella fatídica madrugada. El fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, explicó que si bien se espera una condena ejemplificadora, nada será proporcional a la muerte de las 81 víctimas.

“Aunque se establezca la mayor de las penas, ninguna de las personas que falleció volverá a la vida. En ese sentido, los fallos en materia penal no reparan a los afectados, pero sí establecen responsabilidades y sanciones que de alguna forma vienen a mitigar y a producir un efecto ejemplificador respecto de las conductas que deben tener los funcionarios del Estado“, señaló el persecutor.

Por su parte, la defensa ha insistido en que no hay responsabilidad de Gendarmería, argumentando, por ejemplo, que el siniestro fue de rápida combustión y se propagó en no más de 6 a 7 minutos, según sus estimaciones. Asimismo, afirman que el incendio hizo patente la falta de recursos para haber atendido oportunamente la emergencia, dada las características de infraestructura del penal, el hacinamiento y la conducta de los reos.

Uno de los defensores afirmó en el juicio que “los internos, al ver llegar los funcionarios de Gendarmería, en vez de colaborar con ellos en la apertura de reja, se escondieron al fondo del colectivo, lo cual generó que con posterioridad no pudieran salir, falleciendo en definitiva por la inhalación de gases tóxicos”.

En tanto, los familiares de las víctimas han seguido de cerca cada episodio del proceso. Sólo esperan justicia, dicen. “Ellos, donde estén, nos están ayudando y piden justicia”, declaró una dolida madre.

De determinarse la culpabilidad de los tres centinelas y cinco oficiales de Gendarmería imputados, éstos arriesgan penas que van de 5 a 7 años de presidio; condena que podrían cumplir de manera efectiva.