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Condenan a Manuel Contreras y líderes de Colonia Dignidad por asociación ilícita y delitos sexuales

Archivo | Agencia UNO
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El juez que investigó la cúpula de Colonia Dignidad, Jorge Zepeda, concluyó este miércoles que los jerarcas constituían una asociación ilícita para cometer violaciones a los derechos humanos, delitos de connotación sexual y tráfico de armas.

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago relató el actuar de los líderes del enclave alemán, en la sentencia donde condenó a 4 años de cárcel a colonos y ex efectivos de la disuelta DINA, como Kurt Schnellemkamp Nelaimischkies, Manuel Contreras, Gerd Seewald Lefevre, entre otros.

En la investigación judicial se comprobó que al amparo de la “Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad” se organizó una estructura jerarquizada que planificó y ejecutó múltiples delitos, integrada por personas que fueron miembros y colaboradores de esa corporación, actividad que se inicia a lo menos desde el año l970 en adelante.

Respecto a la relación del fallecido Paul Schäfer y el régimen militar, la resolución indica que “tal estructura implicó, ante la pasividad de algunas de las autoridades, el control de un territorio determinado, con permanencia tal que le permitió al líder servir el proyecto y realizar las operaciones ilícitas”.

Asimismo, en Colonia Dignidad “se cometieron múltiples delitos de abusos sexuales y violaciones sodomíticas en contra de menores”, señala el texto.

Los otros condenados, sin beneficios, son Gerhard Wolfang Mücke Koschitzke, Karl van Den Berg Schuurman, Pedro Octavio Espinoza Bravo y Fernando Gómez Segovia.

Cabe recordar que luego de la caída de Shäfer, quien murió condenado por homicidio, abusos sexuales, infracción a la ley de armas y torturas, Colonia Dignidad pasó a llamarse Villa Baviera, y sus habitantes recibieron el apoyo del gobierno y tratamiento psicológico, mientras que varios colonos volvieron a Alemania.

La Justicia chilena acusó en el 2007 a la DINA de asociación ilícita terrorista, un precedente jurídico para muchas procesos por secuestro, muerte y desaparición de personas durante la dictadura de Pinochet, en la que más de 3.000 personas murieron y unas 38.000 fueron torturadas.

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