Notas
Condenan a Manuel Contreras y líderes de Colonia Dignidad por asociación ilícita y delitos sexuales
Publicado por: Erik López
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El juez que investig√≥ la c√ļpula de Colonia Dignidad, Jorge Zepeda, concluy√≥ este mi√©rcoles que los jerarcas constitu√≠an una asociaci√≥n il√≠cita para cometer violaciones a los derechos humanos, delitos de connotaci√≥n sexual y tr√°fico de armas.

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago relat√≥ el actuar de los l√≠deres del enclave alem√°n, en la sentencia donde conden√≥ a 4 a√Īos de c√°rcel a colonos y ex efectivos de la disuelta DINA, como Kurt Schnellemkamp Nelaimischkies, Manuel Contreras, Gerd Seewald Lefevre, entre otros.

En la investigaci√≥n judicial se comprob√≥ que al amparo de la ‚ÄúSociedad Benefactora y Educacional Dignidad‚ÄĚ se organiz√≥ una estructura jerarquizada que planific√≥ y ejecut√≥ m√ļltiples delitos, integrada por personas que fueron miembros y colaboradores de esa corporaci√≥n, actividad que se inicia a lo menos desde el a√Īo l970 en adelante.

Respecto a la relaci√≥n del fallecido Paul Sch√§fer y el r√©gimen militar, la resoluci√≥n indica que “tal estructura implic√≥, ante la pasividad de algunas de las autoridades, el control de un territorio determinado, con permanencia tal que le permiti√≥ al l√≠der servir el proyecto y realizar las operaciones il√≠citas”.

Asimismo, en Colonia Dignidad “se cometieron m√ļltiples delitos de abusos sexuales y violaciones sodom√≠ticas en contra de menores”, se√Īala el texto.

Los otros condenados, sin beneficios, son Gerhard Wolfang M√ľcke Koschitzke, Karl van Den Berg Schuurman, Pedro Octavio Espinoza Bravo y Fernando G√≥mez Segovia.

Cabe recordar que luego de la caída de Shäfer, quien murió condenado por homicidio, abusos sexuales, infracción a la ley de armas y torturas, Colonia Dignidad pasó a llamarse Villa Baviera, y sus habitantes recibieron el apoyo del gobierno y tratamiento psicológico, mientras que varios colonos volvieron a Alemania.

La Justicia chilena acusó en el 2007 a la DINA de asociación ilícita terrorista, un precedente jurídico para muchas procesos por secuestro, muerte y desaparición de personas durante la dictadura de Pinochet, en la que más de 3.000 personas murieron y unas 38.000 fueron torturadas.

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