El Consejo de Defensa del Estado se querelló por una presunta malversación de caudales públicos al interior de la Junaeb de Los Ríos. Los montos defraudados ascenderían a los 17 millones de pesos.

Se trata de la investigación que lleva la fiscalía local de Valdivia y a la que se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado, y que mantiene indagando además a la Policía de Investigaciones, por hechos que habrían ocurrido entre octubre de 2012 y enero de este año.

Fue ahí cuando la dirección regional de la Junaeb se percató de inconsistencias en las conciliaciones bancarias de la entidad, al momento de revisar los libros del organismo en Los Ríos, advirtiendo un cobro irregular de un cheque, decidiendo emprender acciones legales y entregando los antecedentes al Ministerio Público.

Inicialmente, la indagación comenzó con el cobro irregular de 880 mil pesos. Sin embargo y tras las indagaciones, se determinó que el monto ascendió a los 17 millones de pesos, dineros que estaban en las cuentas corrientes de la Junaeb y que eran parte de su presupuesto.

La querella busca que se persiga responsabilidad de dos personas, de Ernesto Hernán Hernández Lobos y Carolina Margaret Beltrán Riquelme, quien se desempeñaba como Jefa del Departamento de Gestión de Recursos de la Juaneb, quien tenía a su cargo preparar el presupuesto regional; manejo y rendición de la caja, y autorizar los pagos de compromisos con terceros, los correspondientes a las remuneraciones y beneficios del personal de la institución asignado a la Región.

Para el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Medina, estas dos personas habrían actuado en concierto para apropiarse de los dineros, sustrayéndolos de las cuentas corrientes.

Por este caso, la Brigada de Delitos Económicos de la PDI ya presentó un informe a la fiscal del caso, Tatiana Esquivel, quien encargó instrucciones particulares a esta unidad policial, además de un peritaje caligráfico al Laboratorio de Criminalística de la policía civil.

Para el Consejo de Defensa del Estado, lo que se busca es que las personas querelladas sean posteriormente formalizadas, sumándose el Consejo a todas las diligencias que solicite la fiscalía, indicó el abogado Medina.