Más de 600 trabajadores de la Feria Padre Hurtado en Puerto Montt, intermediados por dos sindicatos y el abogado que los representa, denunciaron que existió colusión entre ex autoridades del Gobierno Regional y la cooperativa del sector comercial.
Juan Pablo Jaramillo, abogado de los trabajadores de la Feria Padre Hurtado, señaló que se han presentado recursos administrativos ante el Serviu y la Contraloría General de la República con tal de que se deje sin efecto un contrato, a su juicio mal hecho, y que vuelva a la administración muncipal.
Aseguró que la abogada del Serviu no tuvo la voluntad de revisar la documentación que avala la entrega de un comodato a una persona jurídica que no estaba constituida.
Jaramillo sostuvo que durante tres meses de investigación, ha concluido que persisten intereses en el terreno donde se pretende instalar un terminal rural. Una decisión política que las autoridades del anterior gobierno quisieron dejar “amarrado”, subrayó.
Por su parte, Pedro Cayupel y Alejandro Hernández, voceros de los feriantes, señalaron que son más de 600 comerciantes inmersos en un problema social grave quienes hoy se encuentran a la deriva. Los representantes aseveraron que en una reunión con el alcalde Gervoy Paredes, éste se manifestó dispuesto a apoyar a los locatarios, ya que les han pasado a llevar sus derechos.
Cabe destacar que al momento de efectuar la inscripción de este terreno, el Servicio de Impuestos Internos, guiado por los antecedentes otorgados por Serviu, lo categorizó como “sitio eriazo”, por lo tanto su avalúo bajó considerablemente, cuando a simple vista se aprecia como un sector urbanizado.
La Radio intentó comunicarse con la Carmen Godoy, directora subrogante de Serviu, sin embargo no se encontró disponible.
