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Gobierno deroga decreto que favoreció megaproyectos inmobiliarios como Mall de Castro y Puerto Barón

Raúl Zamora | Agencia UNO
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El Ministerio de Vivienda formalizó este martes la derogación de un decreto promulgado por el gobierno anterior, que fue criticado por facilitar la tramitación de polémicos proyectos, como un hotel de lujo en el Club de Golf Los Leones, el Mall de Castro y el resistido centro comercial Puerto Barón en Valparaíso.

El cuestionado decreto había sido aprobado en diciembre pasado, logrando flexibilizar las regulaciones de grandes edificaciones “al interior de barrios consolidados, alterando significativamente su estilo de vida y sin que previamente sus habitantes y la comunidad en general pudieran participar en la adopción de esta decisión”, según explica el documento de la derogación publicado por Ciper.

Negocios beneficiados

Estas modificaciones a las normas de desarrollo urbano eliminaron la restricción que antes debían respetar los centros comerciales y torres de oficinas, de no instalarse cerca de vías importantes. Una facilidad que fue recibida como un regalo para la concreción del Mall de Castro, criticado por su irrupción en el paisaje patrimonial de Chiloé; y el Mall Puerto Barón, también en la mira por afectar el patrimonio de Valparaíso.

La norma también ayudó a impulsar el lujoso proyecto de hotel al interior del Club de Golf Los Leones en la comuna de Las Condes. Esto, porque la construcción de inmuebles destinados a alojamiento ya no se limitaban a zonas residenciales, también podían levantarse en zonas de equipamiento, es decir, espacios de uso público distintos a los de habitación o trabajo.

La inversión del proyecto hotelero bordea los 120 millones de dólares y corresponde a una iniciativa de la cadena Four Seasons Hotels & Resorts, cuyos principales accionistas son Bill Gates y un príncipe saudí.

Dardos apuntan a ex asesor

El ahora derogado decreto causó polémica también al interior de la cartera de Vivienda, entonces encabezada por el ex ministro Rodrigo Pérez, pues los funcionarios que redactan los decretos se desligaron de esta reforma y responsabilizaron al asesor del Minvu José Ramón Ugarte, sindicado como impulsor de un conjunto de cambios que favorecieron a negocios inmobiliarios.

En una carta enviada a sus superiores, los funcionarios dejaron clara su postura: “Se nos sindica como partícipes de favorecer, con estos cambios normativos, proyectos específicos que corresponderían a intereses de grandes empresas (…). Al respecto, queremos manifestarles que nos preocupa que se nos vincule profesionalmente con dichos propósitos, y se nos involucre en querer propiciarlos, toda vez que, a nuestro juicio, no están en la línea conceptual del desarrollo urbano y del bien público”.

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