La Corte de Apelaciones de Valdivia revisó este lunes la petición de desafuero del diputado de Renovación Nacional Rosauro Martínez, denunciado por violación a los derechos humanos durante la dictadura del general Augusto Pinochet, quedando la causa en acuerdo.

Por unas dos horas se extendieron los alegatos por la solicitud de desafuero en contra del congresista de RN y ex capitán de Ejército, que es apuntado como el responsable de la ejecución de tres integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1981, en Remeco Alto, localidad de Neltume.

Ante el pleno del tribunal de alzada, los querellantes manifestaron que hay sospechas fundadas para pedir el desafuero, puesto que aseguran que en esa época el parlamentario en su calidad de capitán de Ejército y comandante de un grupo militar, estuvo en coordinación con la Central Nacional de Inteligencia (CNI) para eliminar elementos subversivos.

En ese sentido, los juristas indicaron que Martínez sería responsable de crímenes de lesa humanidad, agregando que esperan que con el desafuero se pueda interrogar al congresista, y posteriormente ser investigado por su presunta participación en el asesinato de los miristas Patricio Alejandro Calfuquir Henríquez, José Eugenio Monsalve Sandoval y Próspero del Carmen Guzmán Torres.

Para el abogado querellante Wladimir Riesco, en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, existen las sospechas fundadas en contra del legislador, para su desafuero.

Esto porque -según expuso en los alegatos- está acreditado que el 20 de septiembre de ese año los tres miristas, en búsqueda de ayuda y en evidente estado de desnutrición, fueron acribillados dos al interior de una casa y, otro, cuando fue sorprendido huyendo, por la patrulla a cargo del ex capitán Martínez.

En tanto, la abogada de los familiares de las víctimas, Magdalena Garcés, aseguró que en este antejuicio quedó establecida la participación de Martínez, sobre la base de testimonios y procesos, en donde queda desacreditada la hipótesis de enfrentamiento, ya que -según alegó- no había equilibrio en las fuerzas y que la misión militar y que estuvo coordinada con la CNI, más allá de detener a los denominados elementos extremistas, tenía como fin ubicarlos y eliminarlos.

Por su parte, el abogado que presenta al Ministerio del Interior a través del Programa de Derechos Humanos, Álvaro Silva, sostuvo que es necesario el desafuero para continuar con la persecución penal de Martínez.

Frente a lo anterior, el abogado que representa a Martínez, Fernando Saenger, indicó que los hechos ya fueron resueltos por la justicia militar a través de un sumario, el que se elevó a la Corte Marcial y sobreseyó parcial y definitivamente la causa por las muertes y actuación de los militares. Aseguró que Martínez, al ser soldado, cumplió órdenes superiores e incluso sostuvo que en el episodio -que él acuña como enfrentamiento- hay una declaración del hijo de la dueña de casa en donde encontraron alojo los tres miristas, quien dice que estos llegaron con fusiles y municiones.

La sala del pleno de la Corte estuvo repleta de gente ligada a las víctimas. María Elena Calfuquir, hermana de Patricio Calfuquir aseguró que hace más de 30 años que espera que ahora se haga justicia.

En tanto, Jova Silva, hermana José Monsalve, aseguró que debe haber justicia y espera que Martínez sea desaforado.

Al respecto, el abogado Riesco llamó a Renovación Nacional y a los demás parlamentarios a reflexionar por quienes ocupan cargos en el Congreso.

Por otro lado pero en relación al sumario que llevó la ministra en visita Emma Díaz, el abogado Saenger cuestionó que al ser subrogada por la ministra Rubi Alvear, esta última se haya declarado implicada, y pese a ello actuó en la misma causa y, ahora, integrando el mismo pleno de la Corte de Apelaciones.

Sobre ello, la abogada Garcés aseguró que lo que hizo su colega fue feo e impertinente.

Se espera que en los próximos días o bien la otra semana se conozca el fallo del pleno de la Corte de Apelaciones de Valdivia, sobre esta solicitud de desafuero contra el diputado Martínez. En todo caso, ya se habla de que cualquiera de las dos partes elevará la causa para que la Corte Suprema la que tenga la última palabra.