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ONG denuncian violaciones de DDHH durante protestas en Venezuela y piden un informe a la CIDH

Carlos Adampol (CC)
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Organizaciones de Venezuela denunciaron este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la violación de derechos humanos durante las protestas que han dejado 37 muertes en ese país y solicitaron al ente un informe sobre la situación.

“Hemos pedido hoy un informe especial sobre el derecho a la protesta pacífica y la democracia en Venezuela”, dijo a la AFP el abogado constitucionalista Carlos Ayala.

Los siete comisionados, que han expresado en las últimas semanas su preocupación por los hechos en Venezuela, evaluarán esa solicitud la semana próxima en sus deliberaciones.

La crisis venezolana, azuzada durante más de un mes de manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro, fue ventilada durante cuatro audiencias en la última jornada del 150º periodo de sesiones de la Comisión en Washington.

Liliana Ortega, directora de Cofavic, una organización que surgió tras una ola de mortales disturbios en 1989 en Caracas, denunció el “uso excesivo de la fuerza”, “lenguaje violento y soez” y presunta tortura de los efectivos contra los manifestantes detenidos en las protestas recientes.

La activista señaló que algunos detenidos debieron ofrecer declaraciones en presencia de sus presuntos agresores o recibieron la asistencia de un abogado solo unos pocos minutos antes de presentarse ante el juez.

En las protestas se ha detenido a más de 1.700 manifestantes, de los cuales 1.529 aún tienen medidas de libertad restringida, dijo Ortega, citando cifras oficiales.

La situación es producto de una “estructural falta de independencia de justicia” en Venezuela, donde el 70% de los jueces son provisionales, es decir que pueden ser removidos por el poder judicial, y la independencia de los fiscales está amenazada, señaló Ayala, que fue presidente de la Comisión.

El representante de Venezuela, Germán Saltrón, reconoció que 15 funcionarios han sido detenidos y son investigados por abuso policial, pero acusó a los manifestantes de generar violencia para “solicitar una intervención extranjera” que derroque el gobierno de Maduro.

“El objetivo es provocar enfrentamientos entre los venezolanos para simular una guerra civil y solicitar la intervención extranjera de los militares de la OTAN y de esa forma terminar con la revolución bolivariana”, señaló Saltrón.

“Blackout informativo”

En otra audiencia, periodistas y dirigentes gremiales denunciaron agresiones contra comunicadores sociales durante las protestas, así como un clima de censura y acoso desde el Estado contra los medios.

El presidente del Sindicato Nacional de la Prensa, Marco Ruiz dio cuenta de 116 periodistas agredidos -incluyendo 31 corresponsales extranjeros- 28 robos de material y equipos informativos, así como la detención de 23 trabajadores de medios de comunicación en la cobertura de las manifestaciones.

A veces, los comunicadores son “hostigados por civiles armados que en la mayoría de los casos actúan ante la mirada impune de los organismos de seguridad”, dijo Ruiz, citando un caso de periodistas de AFP.

Carlos Correa, de la ONG Espacio Público, afirmó que “las garantías de neutralidad de la web no se están dando”, al reportar el bloqueo de 500 sitios web y de imágenes por Twitter durante las protestas.

Los activistas pidieron a la CIDH revisar esas denuncias e instar a Venezuela que autorice la entrega de divisas a los periódicos para cubrir la escasez de papel, que según Ruiz pone en peligro unos 30.000 empleos directos y 100.000 indirectos.

El presidente del Colegio de Periodistas, Tinedo Guía denunció un clima de acoso contra los medios, y señaló que desde que no se renovara la concesión en 2007 a la televisora crítica RCTV existe “un pequeño silencio que ha venido creciendo hasta llegar a un blackout informativo”.

Sin embargo, en representación de Venezuela, el escritor Luis Britto negó que exista censura y denunció una “hegemonía” comunicacional de los medios privados.

Las protestas, que dejan 37 muertos, más de 550 heridos y 81 denuncias de violaciones a los derechos humanos, son lideradas por la oposición y el movimiento estudiantil que declaran su rechazo a la inseguridad, la inflación y la escasez de productos básicos.

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