Murió la menor de dos años que se mantenía internada en estado de extrema gravedad en el hospital Sótero del Río desde el 18 de marzo, luego de presuntamente ser golpeada por su padre y la pareja de éste.
Fue el mismo hospital el que el martes pasado dio aviso a Carabineros, cuando la pareja llevó a la pequeña al recinto para ser atendida, con evidentes signos de haber recibido golpes en todo su cuerpo.
Antes de su deceso, la niña se encontraba con muerte cerebral producto de la golpiza que sufrió, que le provocó una fractura en el cráneo.
En tanto, el padre de la menor, Alexandro Silva de la Jara, con su conviviente, la española Paula Fernández Crespo, se encuentran en prisión preventiva tras ser formalizados la semana pasada por parricidio y homicidio calificado frustrado, respectivamente.
Debido al fallecimiento de la menor, la pareja será reformalizada por la Fiscalía, siendo el padre acusado de parricidio y la madrastra por el delito de homicidio calificado. Bajo estos cargos, arriesgan penas que van desde los 15 años de cárcel al presidio perpetuo.
El fiscal jefe de La Florida, Rodrigo Mena, quedó a cargo del caso, sobre el cual informó este miércoles que “lamentablemente hemos recibido la noticia de que la pequeña que estaba internada grave en el Hospital Sotero del Río falleció a causa de las graves lesiones que presentaba, habiendo tenido una disminución de sus funciones cerebrales el día de ayer. Esto cambiaría la situación procesal de los imputados”.
Antes de saberse la muerte de la menor, la Corte de Apelaciones de Santiago decretó la mantención de la prisión preventiva a ambos imputados.
En la ocasión, el abogado de la Fiscalía Oriente detalló las pruebas que existen para acreditar la participación de los imputados. En tanto, Diego Yáñez, abogado que representa al Sename en la causa, se manifestó impactado por los detalles de esta golpiza.
Asimismo, el Servicio Nacional de Menores mediante un comunicado lamentó la muerte de la niña, e informó que estudios de la Unicef y del Ministerio del Interior coinciden en que alrededor del 25% de los niños y niñas chilenos han sido víctimas de violencia física grave.
Por otra parte, la justicia otorgó un plazo de 90 días al Ministerio Público para investigar los hechos.
