Hasta el Palacio de La Moneda llegó este lunes el senador de la UDI, Hernán Larraín, para entregarle a la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón, un oficio en el cual le solicita al Gobierno no retirar los proyectos ingresados por la administración de Sebastián Piñera.
El documento resume en detalle todos los proyectos de ley enviados durante los últimos 48 meses de gestión de Piñera, en los que se contabilizan 80 iniciativas legales en tramitación de diversa índole.
Así lo sostuvo el senador Larraín, quien indicó que “le comprometimos hacerle entrega del catastro de proyectos pendientes, que a nuestro juicio, es importante que se continúen tramitando. Se trata de alrededor de 80 proyectos de Ley presentados durante el Gobierno pasado, preparados por equipos técnicos y discutidos de forma muy avanzada por las comisiones de parlamentarios” remató.
Además agregó que para su sector político es necesario no retirarlos, ni desecharlos, sino continuar la senda de su tramitación respectiva.
La solicitud del senador gremialista apunta a evitar la eliminación de al menos 29 proyectos, los cuales no tienen ninguna votación ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, por lo que Michelle Bachelet, podría instruir retirarlos del Congreso.
Pero dentro del análisis del compilado de 80 proyectos que dejó en La Moneda, Hernán Larraín, existe uno que le llamó la atención a la Segpres, que corresponde a una iniciativa legal citada dentro del documento oficial, que no fue enviada al Congreso por Sebastián Piñera, pero que igualmente se anexó por parte del parlamentario de la UDI.
Se trata de la iniciativa que crea por Ley el “Consejo Fiscal Asesor”, el cual según fuentes de la Segpres, no está dentro del registro de envíos, por lo cual nunca existió.
El proyecto buscaba dar legalidad y estatus al Consejo Fiscal Asesor, que fue creado por Decreto en junio de 2013, con el objetivo de colaborar, a solicitud expresa del ministro de Hacienda, en la discusión, análisis y emisión de recomendaciones en materias relacionadas con la determinación del Balance Cíclicamente Ajustado (BCA) -instancia técnica del más alto nivel, que busca resguardar la independencia en la estimación de las variables estructurales-.
Pero según reportan altas fuentes de Palacio, la orden respecto al futuro de los proyectos ya está emanada, y consistiría en analizar caso a caso el contenido del proyecto para ver su viabilidad.
Ante ello el Gobierno tendrá varios caminos: algunos serán desechados, o sea no se les pondrá dentro de la agenda legislativa; a otros se les presentarán indicaciones para transformar el espíritu de su creación, mientras los que no son compartidos por la actual administración serán retirados, siempre y cuando no hayan pasado a votación en alguna comisión.
Eso sí desde la Secretaría General de la Presidencia, se adelantan en remarcar que los proyectos como Acuerdo de Vida en Pareja, serán agilizados, mostrando con ello una continuidad legislativa entre las dos administraciones.
Pero también las mismas fuentes reconocen que existe una advertencia, pues hay proyectos presentados en las últimas semanas de Gobierno de Sebastián Piñera que son similares o mantienen el mismo espíritu de las promesas de campaña con que ganó la Presidenta Michelle Bachelet.
Lo anterior es ejemplificado en el proyecto presentado el pasado 29 de enero (2014) y que apuntó al aumento de la dotación de la plana de efectivos de la Policía de Investigaciones. Esto debido a que dentro del plan de gobierno con que ganó la Nueva Mayoría, se incluye este aspecto, por lo que asaltan dudas sobre la real dimensión o intención de esa iniciativa.
El análisis coincide con los resquemores que tienen en el actual oficialismo, y que apunta a una eventual carrera presidencial de Piñera, por lo que dejó pavimentado lo que podría ser su discurso, donde resaltaría medidas de Bachelet, como políticas que dejó impulsadas antes de “bajar la persiana“.
