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Corte ecuatoriana ordena prisión de diputado por injuriar al presidente Correa

Cléver Jiménez | Ecuavisión
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La justicia de Ecuador ordenó la prisión del diputado opositor Cléver Jiménez, condenado a 18 meses de cárcel por injuriar al presidente Rafael Correa, anunció el viernes el mandatario, quien debió rectificar su versión inicial de que el parlamentario había sido arrestado.

Entretanto, Julio César Sarango, abogado del congresista, confirmó a la AFP que una magistrada emitió la orden de captura contra Jiménez, quien -añadió- se encuentra en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe (sureste), a la que representa en la Asamblea Nacional.

El asambleísta, quien no respondió llamadas de la AFP a su teléfono móvil, “está tranquilo, viajó el viernes a Zamora (capital provincial) como normalmente lo hace para cumplir con sus actividades”, señaló Sarango, apuntando que “él está ahí, junto a su pueblo que lo eligió”.

Durante la grabación de su informe semanal de labores en el sur de Quito, el cual será retransmitido este sábado por radio y televisión, Correa afirmó que “esta mañana se me ha informado que fue capturado, para que cumpla su sentencia, el ciudadano Cléver Jiménez”.

Agregó que desconocía si el “cómplice” de Jiménez, Carlos Figueroa, también fue detenido, y añadió que hace algunas semanas “huyó” del país Fernando Villavicencio, asesor del parlamentario que figura entre los condenados.

Luego, en el mismo acto, el jefe de Estado hizo una rectificación. “Una aclaración: Hace un momento dije que había sido capturado (…) Todavía no ha sido capturado”, expresó Correa, añadiendo que lo que hizo la suprema Corte Nacional de Justicia (CNJ) fue ordenar la prisión del legislador.

La rectificación fue hecha tras una llamada telefónica de su ministro de Interior, José Serrano, dijo Correa.

Desde hace más de un mes, Villavicencio está refugiado en Estados Unidos, mientras que Figueroa acompaña a Jiménez en Zamora, de acuerdo con Sarango.

El parlamentario “no está detenido. El está junto a su pueblo. No irá a prisión, lucharemos más que nunca”, expresó a su vez Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe por el mismo movimiento político de Jiménez (Pachakutik, del principal sector indígena).

Correa anotó que Jiménez cometió una “calumnia” al acusarle de “criminal de lesa humanidad”, lo cual tildó de “gravísimo”.

Hace una semana, Jiménez -quien sostiene que planteó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aún no responde- indicó a la AFP que la CNJ dejó en firme la condena a 18 meses de prisión dictada en su contra y su asesor, mientras que Figueroa está sentenciado a seis meses de cárcel.

“La Corte rechazó un recurso que presentamos para que amplíe y aclare” la sentencia, expresó el congresista, quien también es acusado por el gobierno de estar implicado en una trama de espionaje contra Correa.

Jiménez, Villavicencio y Figueroa fueron condenados en 2013 en un juicio planteado por el mandatario por calumnias.

En 2011, el diputado denunció a Correa ante la Fiscalía por presuntos delitos de lesa humanidad tras acusarlo de ordenar a las Fuerzas Armadas rescatarlo a sangre y fuego de un hospital en Quito, donde el gobernante se había refugiado de una rebelión policial en 2010, que dejó 10 muertos.

La justicia rechazó la denuncia por temeraria, tras lo cual Correa contrademandó y entabló el proceso por injurias que derivó en la condena.

A raíz de que la condena quedara en firme, la defensa del Jiménez presentó un recurso ante la CNJ planteando la nulidad del fallo, a pesar de lo cual una magistrada dispuso el arresto.

“Si queda en firme la condena perderé mi curul como asambleísta e iré a la cárcel, que es lo que buscaba el gobierno para acallar las denuncias de corrupción”, sostuvo Jiménez en una pasada entrevista con la AFP.

En 2012, Correa ganó un juicio por injurias al diario El Universo de Guayaquil (suroeste), por el cual tres directivos y un exeditor fueron condenados a tres años de cárcel y al pago de una indemnización de 40 millones de dólares.

Sin embargo, el jefe de Estado extendió un perdón judicial y la causa fue archivada.

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