Un lapidario informe emitió el Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde apunta al Estado como responsable de la vulneración de derechos al interior de las cárceles. Hacinamiento, sanciones desproporcionadas y violencia institucionalizada, son parte de las situaciones que identificó el estudio.
Se trata de una investigación realizada por el INDH y Paz Ciudadana entre 2012 y 2013 con la idea de revisar el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, constatando en terreno “un conjunto importante de vulneraciones”.
A juicio del organismo, esto es consecuencia de la carencia de condiciones materiales apropiadas, de programas y servicios mínimos en las cárceles, así como de una capacitación insuficiente de los funcionarios de Gendarmería. Para el instituto, es el Estado el responsable de esta situación al no cumplir su rol de garante de los derechos de las personas privadas de libertad.
Entre los puntos que destaca el informe está el hacinamiento de reos, donde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó para hombres, figura como el penal más hacinado del país, al acoger 707 internos en un espacio construido sólo para 198 personas (357,1% de hacinamiento). En la lista sigue la cárcel de Limache, con 84 plazas para 303 internos; y Santa Cruz, con 132 plazas para 303 personas.
En el caso de recintos de reclusión para mujeres, la cárcel de Talca resulta ser la más hacinada, con 110 internos en un espacio pensado para 36 personas (305,6%), seguido por el centro penitenciario de Copiapó, con 44 plazas para 87 internos (197,7%).
Otro de los factores medidos es el número de sanciones por recinto penal. Según el estudio, un 54,4% de los encuestados dice haber sido sancionado, siendo el tipo de castigo más común la celda de aislamiento. Esta sanción afecta a un 91% en los imputados castigados y a un 93,8% de los condenados.
El instituto también manifestó su preocupación por los hechos de violencia en las cárceles que terminan con pérdida de vidas, estimando que si bien se han observado mejoras luego del trágico incendio de la cárcel de San Miguel, “es necesario mejorar el trabajo de segmentación de los/as internos/as, especialmente en el CDP Santiago Sur”, consigna la investigación.
El informe también señala que “desde la óptica del derecho a la integridad, resulta preocupante la masiva utilización del régimen disciplinario”, de forma desproporcionada, calificando de “extremo sensible” la excesiva aplicación de la sanción de encierro en celda solitaria, frente a otras medidas menos lesivas de la integridad.
Como una de sus principales conclusiones, el INDH indica que “la situación del derecho a la integridad de las personas privadas de libertad es preocupante dado que las cárceles chilenas son espacios de extrema discrecionalidad y de ausencia de control, donde el uso de la violencia como forma de relacionarse y controlar a la población constituye una práctica arraigada en la cultura institucional”.
